Convocan a primera marcha por la eutanasia en México

El debate en torno a la posibilidad de decidir sobre el final de la vida retoma fuerza en el ámbito público mexicano.

Tras la repercusión de casos internacionales difundidos en plataformas digitales, la conversación local cobra impulso por la iniciativa de Samara Alejandra Martínez Montaño, paciente que ha enfrentado diagnósticos severos como insuficiencia renal crónica terminal y lupus eritematoso sistémico.

La activista ha impulsado el proyecto conocido como Ley Trasciende, movimiento que busca adecuar el marco normativo nacional para permitir la muerte médicamente asistida.

La iniciativa busca adecuar las normas mexicanas para permitir que pacientes en condición terminal o con padecimientos que degraden de forma irreversible su calidad de vida puedan solicitar voluntariamente la eutanasia o la muerte médicamente asistida.

De acuerdo con datos difundidos por la Gaceta UNAM, la propuesta plantea que la voluntad y la autonomía de cada persona se mantengan como el principio rector fundamental de la atención médica.

La trayectoria médica de la activista comenzó durante su etapa escolar superior al confirmarse padecimientos vasculares. Posteriormente, al cursar sus estudios de maestría, el diagnóstico evolucionó hacia una falla renal severa y la aparición de lupus, una afección autoinmune donde el organismo ataca sus propios tejidos. Esta condición aceleró el deterioro físico y la obligó a someterse a tratamientos complejos durante más de seis años, combinando labores académicas con atenciones hospitalarias continuas.

A lo largo de su proceso de salud, Samara Martínez ha atravesado por múltiples procedimientos invasivos que reflejan la complejidad de su diagnóstico:

- Múltiples intervenciones quirúrgicas y dos trasplantes renales no exitosos.

- Sesiones de hemodiálisis y el inicio de diálisis peritoneal nocturna con conexiones diarias de diez horas.

- Tratamientos de quimioterapia, dosis elevadas de esteroides y la ingesta cotidiana de quince medicamentos complementados con inyecciones de eritropoyetina.

Según la información expuesta por la propia activista en sus canales digitales, la dependencia permanente a soportes mecánicos y el desgaste corporal extremo motivaron la creación de una petición formal en la plataforma Change.org, la cual acumula más de 170 mil firmas de respaldo ciudadano.

Ante el avance del movimiento, Samara Martínez confirmó a través de un mensaje publicado en la red social TikTok la realización de la primera marcha nacional dedicada de manera exclusiva a la defensa de la muerte digna. La movilización tiene como propósito entregar el trabajo acumulado durante años ante las autoridades del Poder Ejecutivo.

Los datos clave para acudir a la movilización ciudadana se sintetizan en los siguientes aspectos:

- Fecha y horario: El punto de encuentro queda fijado para el próximo 28 de agosto a las 9:00 horas.

- Recorrido planeado: La marcha partirá desde el Palacio de Bellas Artes y avanzará en dirección a Palacio Nacional.

- Asistentes convocados: La invitación se extiende a pacientes con enfermedades crónicas, familiares, cuidadores, académicos y sociedad civil empatizada con la causa.

- Código de vestimenta y material: Se sugiere a los asistentes acudir con prendas en tonalidades blanco o beige, así como pancartas con consignas referentes a la autonomía médica.

En la actualidad, la legislación nacional distingue la voluntad anticipada (mecanismo que permite rechazar tratamientos innecesarios que prolonguen la vida artificialmente) de la muerte médicamente asistida, la cual permanece sancionada en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México han vertido opiniones técnicas respecto al tema:

De acuerdo con Asunción Álvarez del Río, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, la muerte asistida constituye un respaldo a las libertades individuales, ya que su aplicación no es obligatoria para ningún paciente ni impuesta a personal médico objetor.

Según Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la regulación formal otorga certeza jurídica y técnica, evitando procedimientos clandestinos o situaciones de sufrimiento desmedido.

De acuerdo con los resultados reflejados en la Encuesta Nacional Por el Derecho a Morir con Dignidad (2016-2022), el 72.7 por ciento de la población encuestada se manifiesta a favor de modificar las leyes para permitir ayuda médica al final de la vida en casos diagnosticados como irreversibles.

A nivel internacional, naciones como Países Bajos, Bélgica, España, Portugal, Colombia, Ecuador y Uruguay cuentan con marcos normativos o resoluciones judiciales que permiten el acceso a procedimientos de eutanasia o suicidio asistido, sentando antecedentes legales que sustentan la discusión propuesta por la Ley Trasciende en el territorio mexicano.

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