CIDH condena el asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz
La CIDH condena el asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz, secuestrada en Nanchital, mientras autoridades reportan detenidos y piden investigaciones del caso actual.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, ocurrido tras su secuestro en el municipio de Nanchital, Veracruz. El organismo internacional pidió a las autoridades mantener las investigaciones y garantizó seguimiento al caso.
Condena de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, condenó el asesinato de la periodista Roxana Guzmán y expresó su solidaridad con la familia y colegas de la víctima. El organismo reiteró el llamado a las autoridades para continuar con las investigaciones y garantizar justicia en el caso.
La oficina internacional informó que tomó nota de las acciones oficiales relacionadas con el caso, incluyendo detenciones ya realizadas, y subrayó la importancia de proteger la libertad de expresión frente a actos de violencia contra periodistas.
Secuestro y asesinato en Nanchital
De acuerdo con la información oficial, la periodista fue secuestrada el 2 de junio cuando un grupo de hombres armados ingresó a su domicilio en el municipio de Nanchital, Veracruz. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que Roxana Guzmán fue asesinada.
El organismo estatal informó que en el caso hay un total de 8 personas señaladas y detenidas, entre ellas 4 policías, quienes están bajo investigación por su posible participación en los hechos.
Detenciones e investigación en Veracruz
La Fiscalía General del Estado de Veracruz mantiene abiertas las diligencias para esclarecer el asesinato de la periodista. En redes sociales, la CIDH insistió en la necesidad de garantizar investigaciones exhaustivas y transparentes.
La Relatoría Especial advirtió que los actos de violencia contra periodistas no solo afectan el derecho a la vida, sino que también generan un efecto de autocensura y limitan el ejercicio de la libertad de expresión en la región.
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