Certificado de abandono acelera adopciones en Coahuila
Nueva figura jurídica redujo procesos que antes podían prolongarse hasta una década en instituciones.
Saltillo, Coahuila, 9 de noviembre de 2026.- La aplicación del certificado de abandono transformó los procesos de adopción en Coahuila al reducir trámites que antes podían extenderse hasta diez años y permitir que más niñas, niños y adolescentes accedan a una familia en cuestión de meses, informó la titular de la Procuraduría para Niñas, Niños y la Familia (Pronnif), María Teresa Araiza Llaguno.
En el marco del Día de la Adopción sostuvo que esta representa una oportunidad para visibilizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y reconocer el trabajo conjunto de ciudadanos, personal médico, instituciones y autoridades que intervienen en los procesos de protección.
Añadió que desde la implementación de la figura del certificado de abandono en Coahuila, en el año 2024, el estado concretó 217 adopciones institucionales, una cifra que refleja el impacto de un mecanismo que coloca el interés superior de la niñez en el centro de las decisiones judiciales y administrativas.
Las estadísticas muestran una tendencia ascendente. Durante 2024 se realizaron 47 adopciones institucionales, en 2025 la cifra alcanzó 95 casos y en 2026 se contabilizan 77 adopciones, con una proyección de hasta 85 procedimientos.
La funcionaria explicó que esta herramienta se aplica cuando se acredita que no existen familiares interesados o en condiciones de asumir la custodia de las y los menores, incluso después de una búsqueda exhaustiva entre padres, abuelos y otros parientes cercanos.
Añadió que ahora las autoridades disponen de un plazo de hasta tres meses, con posibilidad de ampliación hasta seis meses, para agotar todas las alternativas familiares antes de emitir el certificado correspondiente.
Antes de esta reforma, los procesos enfrentaban litigios complejos y extensas investigaciones para localizar familiares, aun cuando no existía interés real por asumir el cuidado de los menores. Esa situación mantenía a muchos niños durante años en centros asistenciales.
“Esta figura del certificado de abandono pone en el centro al niño y a la niña”, afirmó la titular de la Pronnif.
Derecho a vivir en familia
La procuradora destacó que la adopción representa una alternativa para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer dentro de un entorno familiar cuando sus familias de origen no pueden o no desean ejercer esa responsabilidad.
El procedimiento judicial de adopción tarda actualmente alrededor de un mes y medio, debido a la existencia de un juzgado especializado que concentra este tipo de asuntos y permite una resolución más ágil.
Gracias a este esquema, menores que permanecieron durante años en centros asistenciales han logrado incorporarse a un hogar definitivo. Según la funcionaria, ninguna institución puede sustituir los vínculos afectivos y el desarrollo que ofrece una familia.
“La adopción es una manera de darle familia a aquellos que sus familias los rechazaron, los maltrataron, los abandonaron o que de manera consciente dijeron que no podían cuidarlos”, expresó.
Persisten retos para algunos menores
La Pronnif mantiene actualmente cerca de 90 niñas, niños y adolescentes liberados jurídicamente, aunque una parte importante enfrenta mayores dificultades para integrarse a una familia debido a alguna discapacidad o porque se encuentran en la etapa de adolescencia.
Otro de los factores relacionados con la pérdida de cuidados familiares es el consumo de sustancias tóxicas. De acuerdo con la dependencia, alrededor del 40% de los casos de abandono presenta relación con problemas de adicción por parte de padres o madres.
A ello se suman situaciones de desinterés familiar, en las cuales los responsables no cumplen con los requerimientos de las autoridades ni realizan cambios necesarios para garantizar el bienestar de sus hijos.
La funcionaria reiteró que el Día de la Adopción representa una oportunidad para recordar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y reconocer el trabajo conjunto de ciudadanos, personal médico, instituciones y autoridades que intervienen en los procesos de protección.
Noticias del tema