Así habría operado el esquema de comisiones que alcanzó al INE
Fuentes consultadas describieron cómo los hermanos Hernández Casillas habrían construido una red de intermediación, comisiones y contratos electorales durante décadas.
Los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas habrían controlado durante años la intermediación de contratos de material electoral con organismos locales, mediante acuerdos con funcionarios de mediano rango y presuntos pagos de comisiones, según fuentes cercanas a la investigación citadas por EL UNIVERSAL. La llegada de Guadalupe Taddei al organismo electoral de Sonora, en 2014, habría marcado un cambio en la operación del negocio.
Hernández Casillas y el control de contratos electorales
Antes de que Guadalupe Taddei llegara a la presidencia del organismo electoral de Sonora en 2014, los hermanos Hernández Casillas ya tenían una red de intermediación para obtener contratos de impresión y suministro de material electoral en distintos organismos locales.
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación consultadas por EL UNIVERSAL, los empresarios identificaban los cambios de titulares en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para acercarse a nuevos funcionarios y ofrecerles acuerdos a cambio de contratos.
Las fuentes señalaron que el esquema contemplaba comisiones económicas, propiedades y vehículos como posibles contraprestaciones para funcionarios que facilitaran las adjudicaciones.
Según los testimonios publicados, inicialmente los acuerdos se realizaban con funcionarios de mediano rango, hasta que Guadalupe Taddei asumió la presidencia del organismo electoral de Sonora.
“Ella quiso tomar las riendas del negocio, ahí estuvo el error”, señalaron las fuentes citadas por el diario.
La publicación también refiere que, en 2023, los empresarios llegaron al Instituto Nacional Electoral (INE), aunque no aporta en este fragmento elementos documentales que permitan establecer las circunstancias de esa incorporación.
Formas Finas y Cajas Graf: el origen del negocio
La investigación periodística ubica parte de los antecedentes de esta red en 1997, cuando la familia Carranza Sordo fundó Formas Finas y Materiales.
Posteriormente, esta empresa estableció una relación comercial con los hermanos Hernández Casillas para ofrecer materiales impresos a organismos electorales locales.
Según las fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, ambas familias intervenían como intermediarias entre los institutos electorales y las empresas encargadas de realizar los trabajos de impresión.
El esquema presuntamente contemplaba negociar precios bajos para obtener contratos y solicitar a los proveedores comisiones mediante facturas con montos superiores a los costos reales.
A esta operación se sumó Cajas Graf, compañía creada en 1993 y posteriormente cedida a Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Las fuentes aseguraron que ambas firmas afirmaban tener la patente de los materiales electorales y que mantuvieron el control de este mercado hasta 2011.
Empresas y prestanombres para simular competencia
La investigación señala que, entre 2011 y 2012, las familias Carranza y Hernández Casillas comenzaron a distanciarse y ampliaron sus redes de empresas para continuar participando en contratos de impresión.
De acuerdo con los testimonios, los hermanos Hernández Casillas habrían recurrido a propiedades, vehículos y otras formas de pago para mantener acuerdos con proveedores y funcionarios.
Posteriormente, en 2015, surgieron dos compañías señaladas como parte de un presunto esquema para simular competencia en licitaciones: Corporativo Zeg y Comercializadora JVLY.
La primera fue constituida por Alejandro Olaya Ortiz y la segunda por Luz María Yáñez Pimentel, según la información publicada.
De acuerdo con las fuentes, el propósito habría sido presentar propuestas de distintas empresas vinculadas entre sí para aparentar competencia y aumentar las posibilidades de obtener contratos públicos.
La publicación también identifica a Seriplast de México, empresa relacionada con Patricia Velázquez Sánchez, esposa de José Alfredo Hernández Casillas.
La compañía fue creada en 2008 en Tonalá, Chiapas, y posteriormente cedida en 2013 a Raymundo Francisco Hernández Casillas. Después cambió su domicilio fiscal para registrar operaciones en la Ciudad de México.
Más de mil millones de pesos durante la elección de 2021
Según las fuentes citadas por EL UNIVERSAL, para las elecciones de 2021 el esquema empresarial había crecido hasta convertirse en una red que obtuvo más de mil millones de pesos mediante contratos relacionados con materiales electorales.
Los testimonios también describen un incremento en las comisiones presuntamente exigidas a los impresores subcontratados.
Las fuentes aseguraron que los porcentajes solicitados habrían pasado de 5% a cantidades de entre 20% y 30% del valor facturado.
La investigación sostiene que estas prácticas generaron inconformidad entre proveedores que realizaban directamente los trabajos de impresión y debían asumir gastos de operación, salarios, seguridad social, impuestos y mantenimiento de maquinaria.
Denuncias y cuestionamientos antes de las elecciones de 2024
Para las elecciones de 2024, Talleres Gráficos de México (TGM), junto con otras compañías nacionales y extranjeras, comenzó a señalar presuntas irregularidades en el mercado de impresión de materiales electorales.
De acuerdo con las fuentes consultadas, los señalamientos ya eran conocidos entre integrantes del gremio y posteriormente se transformaron en denuncias formales y comunicaciones dirigidas a Palacio Nacional.
Otro episodio mencionado en la investigación fue la llegada de Jesús Octavio García González a la Dirección Ejecutiva de Administración del INE.
El funcionario, quien anteriormente se desempeñó como coordinador de asesores en el OPLE de Veracruz, habría conocido a Guadalupe Taddei durante sus trayectorias en el Servicio Profesional Electoral.
Algunas fuentes señalaron que García González habría presentado a José Alfredo Hernández Casillas con Taddei en 2015; sin embargo, EL UNIVERSAL precisó que esta versión no pudo ser comprobada.
Señalan contratos por casi 200 millones de pesos en 2025
La investigación también aborda la elección judicial de 2025, cuando, según las fuentes consultadas, empresas relacionadas con los Hernández Casillas recibieron casi 200 millones de pesos en contratos otorgados por el INE y distintos organismos electorales locales.
Entre los elementos que habrían contribuido a visibilizar el caso se encuentran las denuncias internas recibidas por Arturo Chávez, entonces director de Talleres Gráficos de México.
Las fuentes señalaron que Chávez promovió medidas para evitar que las empresas proveedoras entregaran comisiones o gratificaciones a colaboradores de la institución.
También mencionaron cambios en los procedimientos de contratación del INE durante la administración de Guadalupe Taddei, al asegurar que las licitaciones pasaron de representar 90% durante la gestión de Lorenzo Córdova a menos de la mitad.
Los testimonios publicados por EL UNIVERSAL describen una presunta estructura de intermediación empresarial que habría operado durante varios procesos electorales. Las acusaciones incluyen simulación de competencia, comisiones y posibles beneficios indebidos a funcionarios, señalamientos que forman parte de la investigación periodística.
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