ASF investigará contrataciones del INE, IFE y OPLE hasta 2025
La Auditoría Superior revisará adquisiciones del INE, el extinto IFE y organismos estatales entre 2000 y 2025 para detectar posibles irregularidades en recursos públicos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió las investigaciones sobre las contrataciones de las autoridades electorales y anunció una revisión histórica de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 por el Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La ampliación de las investigaciones contempla tres líneas de trabajo: indagatorias de oficio sobre contrataciones públicas, un estudio histórico de adquisiciones y una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los organismos electorales estatales.
La ASF explicó que estas acciones derivan de trabajos de inteligencia y del análisis de información solicitada a las entidades federativas, en los que identificó posibles irregularidades históricas en el ejercicio de recursos públicos.
ASF revisará contratos electorales de 2000 a 2025
Uno de los principales objetivos de la revisión será reconstruir el comportamiento de las adquisiciones realizadas durante 25 años por el IFE, el INE y los OPLE.
De acuerdo con el organismo fiscalizador, el estudio permitirá identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales relacionadas con grupos empresariales y servidores públicos.
La revisión también buscará establecer cómo se han ejercido los recursos públicos destinados a la operación de las autoridades electorales y detectar posibles irregularidades en los procedimientos de contratación.
Auditoría integral al INE y organismos electorales estatales
Además del análisis histórico, la ASF anunció una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral, así como una revisión de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los Organismos Públicos Locales Electorales.
Estas acciones buscan ampliar el alcance de la fiscalización y examinar tanto los recursos utilizados por el organismo nacional como los transferidos a las autoridades electorales de las entidades federativas.
La Auditoría Superior señaló que los trabajos se realizan dentro de sus atribuciones legales, con independencia y rigor técnico.
ASF advierte posibles irregularidades históricas en contrataciones
En su comunicado, el máximo órgano fiscalizador del país sostuvo que los trabajos de inteligencia y la información obtenida de las entidades federativas advierten posibles irregularidades en el manejo del gasto público vinculado con el IFE, el INE y los OPLE.
La revisión contempla analizar las operaciones de proveedores y grupos empresariales, así como las actuaciones de servidores públicos que pudieran estar relacionados con los procedimientos bajo investigación.
El propósito es determinar si existieron prácticas que afectaron la competencia en las licitaciones o el uso adecuado de los recursos públicos.
Investigación incluye operaciones por miles de millones de pesos
La ampliación de las revisiones ocurre después de que el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó sobre operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos identificadas en dos grupos empresariales que contrataron con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026.
De ese monto, 3 mil 790.3 millones de pesos corresponden a operaciones con organismos electorales locales, según los datos presentados por el titular de la ASF.
Entre los aspectos que llamaron la atención de los auditores se encuentran posibles esquemas de subcontratación entre empresas de los mismos grupos, proveedores con pocos trabajadores y posibles mecanismos de simulación de competencia en procedimientos de contratación.
Estas observaciones forman parte de las investigaciones y no representan, por sí mismas, una determinación definitiva de daño patrimonial o responsabilidad penal.
Con esta ampliación, la ASF busca reconstruir el historial de adquisiciones del sistema electoral mexicano durante 25 años y establecer si existieron irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.
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