Aprueban golpe fiscal a negocios; buscan decreto de Sheinbaum

El Senado aprobó la Ley de Ingresos de 2027 y la envió al Ejecutivo para su promulgación. Los cambios al ISR que acompañan al paquete representan un golpe fiscal para agencias automotrices, distribuidores de alimentos y medicamentos, supermercados y tiendas departamentales, que podrían pagar más impuestos sin ganar más. Aunque se aprobó una reserva para exceptuar determinadas operaciones automotrices y actividades del sector gasolinero, su alcance fue limitado y dejó fuera a esos comercios.

Según estimaciones de la industria automotriz, alrededor de mil agencias, es decir un tercio de los cerca de tres mil asociados a la AMDA, estarían en riesgo de quiebra. Sus márgenes de utilidad se ubican entre 1% y 3%, por lo que un aumento del impuesto puede absorber buena parte del dinero que les queda después de pagar sus costos.

Una agencia puede facturar millones porque vende vehículos de alto valor, pero debe pagar las unidades, los créditos para mantener inventarios, los salarios y otros gastos. Lo mismo ocurre con distribuidores y comercios que necesitan vender grandes volúmenes para obtener una ganancia pequeña.

Por ejemplo, a una empresa que vende 100 millones de pesos y gasta 98 millones para operar le quedan dos millones antes de impuestos. Suponiendo que todos esos costos sean deducibles y sin otros ajustes fiscales, pagaría 600 mil pesos de ISR. Con el tope de 96.67% de sus ingresos, sólo podría descontar 96.67 millones. El impuesto subiría a 999 mil pesos, prácticamente la mitad de su ganancia. Pagaría 399 mil pesos adicionales por el mismo negocio.

El mecanismo comprende a determinadas empresas con ingresos anuales superiores a 50 millones de pesos que obtengan utilidad fiscal. La tasa general del ISR permanece en 30%, pero se aplica sobre una cantidad mayor. Para un negocio con márgenes reducidos, ese pago adicional resta recursos para comprar mercancía, renovar equipo o abrir sucursales.

El origen de esta disputa lo revelé aquí el 3 de septiembre, antes de la entrega del Paquete Económico al Congreso. En la columna “Hacienda, Slim y la batalla por los 300 mil mdp” adelanté que la dependencia a cargo de Édgar Amador preparaba restricciones a las deducciones para aumentar la recaudación. Desde los primeros borradores hubo resistencia empresarial por las consecuencias para operaciones legítimas.

Como publiqué entonces, Carlos Slim y Francisco Cervantes participaron en las conversaciones. El argumento era que un límite general podía afectar inversiones y negocios cuyos gastos elevados responden a su actividad. Slim conoce ese funcionamiento a través de Sanborns y Sears, donde una parte importante de los ingresos sirve para pagar mercancías y sostener la operación comercial.

Para Hacienda, los recursos son muy necesarios. El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, estimó entre 130 mil y 140 mil millones de pesos adicionales por las medidas de control de las deducciones empresariales. Esa cifra corresponde a este mecanismo; los 300 mil millones que adelanté en septiembre formaban parte de una búsqueda más amplia de ingresos.

La dependencia sostiene que busca frenar abusos en el uso de deducciones y pérdidas fiscales que reducen la cantidad sobre la cual se paga ISR. El gobierno necesita fortalecer sus ingresos y reducir el déficit sin aumentar las tasas generales de los principales impuestos. El CCE ha respaldado el combate a la evasión, pero pide distinguir a quienes ocultan ganancias de quienes realmente obtienen rendimientos pequeños.

Las excepciones incorporadas en el Senado tienen un alcance limitado. En el caso automotriz, comprenden operaciones bajo autorización de depósito fiscal para ensamble y fabricación, con una salvedad para ingresos por ventas de mercancías en territorio nacional. También se incluyó a permisionarios dedicados al expendio, distribución o comercialización de gasolina y diésel.

La excepción automotriz corresponde a la industria terminal respecto de mercancías en depósito fiscal destinadas a exportación. Distribuidores de abarrotes, farmacéuticos, vehículos y tiendas departamentales permanecen fuera de esa protección.

Se prevé que las conversaciones con Hacienda continúen. Los empresarios esperan un decreto de apoyo fiscal para actividades que acrediten márgenes reducidos. El gobierno analiza la situación por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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