Advierten riesgos por los cambios en Modalidad 40

Las nuevas restricciones del IMSS a la Modalidad 40 podrían limitar el aumento de futuras pensiones y abrir un debate jurídico sobre los derechos de los trabajadores.

Las modificaciones a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían afectar a trabajadores que buscan incrementar su pensión y generar cuestionamientos sobre su constitucionalidad, advirtió Jorge Antonio Loyo Pérez, académico de la Universidad Iberoamericana. El especialista señaló posibles afectaciones a derechos establecidos en la legislación mexicana.

Modalidad 40 del IMSS: ¿qué cambió con las nuevas reglas?

De acuerdo con el académico, el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de octubre de 2026, que entró en vigor al día siguiente, establece nuevas restricciones para quienes ingresen o se reincorporen a la Modalidad 40.

Entre los cambios se encuentra la limitación del salario de cotización, que deberá corresponder al último salario base registrado antes de la baja del régimen obligatorio, con la posibilidad de incrementarlo hasta por el equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme a las nuevas disposiciones.

El acuerdo también elimina la posibilidad de realizar altas o pagos retroactivos, establece mecanismos digitales para la inscripción y limita la contratación simultánea con el esquema de aseguramiento voluntario para personas trabajadoras independientes.

La Modalidad 40, conocida oficialmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a quienes dejaron de trabajar para un patrón continuar realizando aportaciones al IMSS por cuenta propia.

Este mecanismo es especialmente relevante para las personas sujetas al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, cuyo cálculo pensionario considera el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas.

Académico advierte posibles violaciones a la Constitución

Loyo Pérez consideró que las nuevas restricciones podrían vulnerar el principio de progresividad de los derechos humanos, establecido en el artículo primero de la Constitución mexicana.

Este principio obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como a evitar retrocesos injustificados en su protección.

El especialista también cuestionó que las modificaciones se hayan establecido mediante un acuerdo administrativo del Consejo Técnico del IMSS, en lugar de una reforma a la Ley del Seguro Social aprobada por el Congreso de la Unión.

Sin embargo, precisó que la posible inconstitucionalidad no puede darse por acreditada automáticamente, ya que será necesario analizar las atribuciones legales del Instituto, el contenido de las disposiciones y los criterios judiciales aplicables.

¿A quiénes afectan los cambios de la Modalidad 40?

Las nuevas restricciones están dirigidas a quienes busquen incorporarse o reincorporarse al esquema, quienes deberán sujetarse a las condiciones salariales y administrativas actualizadas.

En contraste, las personas que ya estaban inscritas antes de la entrada en vigor conservarán las condiciones contratadas hasta que concluya el periodo correspondiente, de acuerdo con el acuerdo citado.

Asimismo, se reconocerán las semanas y los salarios efectivamente cotizados y pagados para el cálculo de los derechos pensionarios.

El académico explicó que deberá analizarse cada situación para determinar si una persona cuenta con derechos adquiridos bajo las condiciones anteriores o si únicamente tenía la expectativa de ingresar al esquema.

IMSS analizará el impacto financiero de la Modalidad 40

Las modificaciones también buscan evaluar el impacto de la Modalidad 40 en las finanzas del Instituto. El acuerdo instruye a las áreas financieras y actuariales del IMSS a elaborar un diagnóstico en un plazo máximo de seis meses.

Posteriormente, la Dirección Jurídica tendrá hasta seis meses, contados a partir de la recepción de los resultados, para coordinar una propuesta de modificaciones normativas orientada a garantizar la viabilidad financiera del esquema a mediano y largo plazos.

Loyo Pérez señaló que las aportaciones voluntarias pueden permitir que algunos trabajadores incrementen considerablemente su base de cotización durante los últimos años de su vida laboral. No obstante, aclaró que aprovechar las condiciones previstas en la ley para mejorar una pensión no constituye, por sí mismo, un fraude.

El especialista sostuvo que la sostenibilidad financiera del sistema debe buscarse sin exceder las facultades de las autoridades ni restringir derechos reconocidos por la legislación.

Movimiento Ciudadano pide aclarar presuntos fraudes

Por su parte, senadores de Movimiento Ciudadano solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum aclarar las presuntas irregularidades que, según el Gobierno federal, motivaron las restricciones a la Modalidad 40.

El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, señaló que combatir los fraudes en materia de pensiones es necesario, pero advirtió que las medidas no deben poner en riesgo los derechos de los trabajadores.

El legislador también pidió transparentar las irregularidades detectadas y explicar las consecuencias de las nuevas reglas para quienes han cotizado durante años.

En cuanto a la posibilidad de impugnar las disposiciones, Loyo Pérez indicó que los trabajadores podrían buscar asesoría jurídica para evaluar la presentación de un juicio de amparo u otro recurso legal. Sin embargo, la procedencia de una impugnación dependerá de las circunstancias particulares y del cumplimiento de los requisitos legales.

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