ACLU denuncia operativo de ICE contra inmigrantes en Puerto Rico
La organización cuestionó el despliegue de agentes federales y señaló a autoridades locales por entregar información residencial de miles de inmigrantes.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico rechazó este domingo el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintas comunidades de la isla donde residen personas inmigrantes.
La directora ejecutiva de la organización, Annette Martínez Orabona, afirmó que las intervenciones observadas desde el jueves y durante el fin de semana forman parte de lo que calificó como un patrón de “violencia sistemática” y acecho contra comunidades inmigrantes.
La representante de la ACLU también recordó que las personas tienen derecho a grabar, documentar y protestar los operativos de ICE, al considerar que esta actividad está protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
ACLU cuestiona los operativos migratorios
Martínez Orabona sostuvo que las grabaciones de las intervenciones constituyen una herramienta para vigilar las actuaciones de las autoridades federales y estatales.
Según la directora de la organización, ninguna persona debería sentirse intimidada por ejercer ese derecho. También acusó a ICE de aplicar una política que, a juicio de la ACLU, resulta discriminatoria contra comunidades inmigrantes.
Entre las acciones que denunció mencionó arrestos sin orden judicial, separación de familias y obstáculos a procesos migratorios que se encuentran en curso.
Estas afirmaciones corresponden a la postura expresada públicamente por la ACLU de Puerto Rico.
Señalan a autoridades locales por entregar información
La organización también responsabilizó a autoridades de Puerto Rico por su participación en las acciones migratorias.
Martínez Orabona señaló directamente a la gobernadora Jenniffer González Colón y al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo.
La ACLU afirmó que ambas autoridades facilitaron información a ICE y sostuvo que se entregaron voluntariamente direcciones residenciales e información confidencial de más de 6 mil personas inmigrantes en Puerto Rico.
La organización consideró que esta entrega de datos permitió a las autoridades federales ampliar sus intervenciones en comunidades de la isla.
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