280 niños viven en cárceles: así es la realidad de madres privadas de libertad
El Inegi reportó que 280 menores de seis años viven con sus madres privadas de la libertad, mientras legisladores exigen mejores condiciones penitenciarias.
Al cierre de 2025, 280 niñas y niños menores de seis años vivían con sus madres privadas de la libertad en centros penitenciarios de México, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales del Inegi. Ante estas cifras, el senador Clemente Castañeda pidió garantizar infraestructura y servicios adecuados para mujeres embarazadas, madres y menores.
280 menores viven con sus madres en centros penitenciarios
El censo del Inegi reportó que, al finalizar 2025, permanecían en centros penitenciarios del país 145 niñas y 135 niños menores de seis años junto con sus madres privadas de la libertad.
La cifra se suma a la presencia de 146 mujeres embarazadas y 149 mujeres en periodo de lactancia dentro de los centros penitenciarios, lo que representa una demanda específica de servicios de salud, atención infantil e infraestructura especializada.
Piden garantizar condiciones dignas para madres y menores
El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y estatales a garantizar condiciones adecuadas para las mujeres privadas de la libertad que permanecen con sus hijas e hijos.
El legislador señaló que la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce derechos relacionados con la maternidad y la lactancia, así como la posibilidad de conservar la guardia y custodia de hijas e hijos pequeños bajo las condiciones establecidas por la legislación.
También contempla que los menores reciban alimentación adecuada, educación inicial, vestimenta y atención pediátrica, además de que las madres cuenten con instalaciones apropiadas para garantizar una estancia digna y segura.
La mayoría de los penales carece de espacios de maternidad
De acuerdo con los datos citados por Castañeda, existen 184 centros penitenciarios para mujeres o mixtos en México, pero solamente 39.1 por ciento cuenta con espacios destinados a la maternidad, como salas de parto o áreas de lactancia.
Esto significa que alrededor de seis de cada 10 centros de este tipo no cuentan con dichas instalaciones.
El senador también señaló que únicamente 36.4 por ciento de los centros dispone de espacios destinados al alojamiento o pernocta conjunta de madres con sus hijas o hijos.
En cuanto a la educación infantil, apenas 33.7 por ciento de los centros cuenta con espacios destinados a la educación integral y formativa de los menores.
Proponen salas de parto, lactancia y atención pediátrica
Ante este panorama, el punto de acuerdo plantea que las autoridades penitenciarias garanticen infraestructura especializada para atender las necesidades de las mujeres y sus hijos.
Entre las medidas propuestas se encuentran la habilitación de salas de parto, áreas de lactancia, espacios para la convivencia y pernocta conjunta entre madres e hijos, centros de desarrollo infantil y servicios de atención pediátrica.
Castañeda consideró que la política penitenciaria debe incorporar las necesidades particulares de las mujeres privadas de la libertad, especialmente aquellas relacionadas con el embarazo, la lactancia, el cuidado infantil y la salud reproductiva.
La propuesta busca que las condiciones de reclusión no representen un obstáculo para garantizar los derechos de las mujeres y de las niñas y niños que permanecen con ellas.
Infraestructura también impacta en la reinserción social
La atención de las necesidades de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijas e hijos también representa un factor relevante para los procesos de reinserción social. Contar con espacios adecuados para la maternidad, la salud, la educación y el desarrollo infantil puede contribuir a reducir las condiciones de vulnerabilidad dentro de los centros penitenciarios y favorecer un entorno que permita a las mujeres participar de manera más efectiva en programas educativos, laborales y de atención integral.
Garantizar condiciones dignas durante la privación de la libertad no solo implica cumplir con los derechos de las personas internas y de sus hijos, sino también fortalecer las condiciones necesarias para que la reinserción social sea efectiva, considerando las circunstancias familiares y sociales que pueden influir en el proceso de regreso a la comunidad.
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