Vinculan a proceso a siete empleados de Rassini por presunto fraude de 300 millones de pesos

Las autoridades señalaron que estas prácticas se habrían desarrollado durante un periodo prolongado.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene abierta una investigación por el presunto robo de aproximadamente 300 millones de pesos en perjuicio de la empresa Rassini, ubicada en la ciudad de Piedras Negras. La denuncia fue presentada formalmente por el área jurídica de la compañía, luego de que una auditoría interna detectara irregularidades en varias áreas operativas y administrativas de la empresa, lo que derivó en la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con la información recabada durante las indagatorias, la auditoría permitió identificar un esquema mediante el cual presuntamente se sustraía material de manera sistemática. Dichos insumos eran retirados de forma irregular y posteriormente reingresados a la propia empresa mediante operaciones con proveedores, generando un presunto beneficio económico indebido y un daño patrimonial considerable.

Las autoridades señalaron que estas prácticas se habrían desarrollado durante un periodo prolongado, estimado en al menos tres años, lo que permitió que el monto del daño se incrementara de manera progresiva hasta alcanzar la cifra aproximada de 300 millones de pesos. A partir de estos hallazgos, la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades penales y reunir todos los elementos de prueba necesarios.

Como resultado de las investigaciones, se logró identificar a siete personas involucradas, entre gerentes y subgerentes que ocupaban cargos estratégicos dentro de la empresa. La carpeta de investigación fue judicializada y los señalados fueron citados a comparecer ante un juez de control para la audiencia inicial. Durante esta audiencia, la autoridad judicial determinó que existían elementos de prueba suficientes para vincular a proceso a los siete imputados.

El coordinador de Ministerios Públicos, Ramón Rogelio Gómez, informó que el caso corresponde principalmente a un delito de carácter mediable, debido a que se trata de un daño patrimonial, y que por esta razón el juez decidió imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, permitiendo que los implicados enfrenten el proceso en libertad bajo la reserva de ley. Entre estas medidas se incluyen restricciones y obligaciones legales que deberán cumplirse durante el tiempo que dure el proceso judicial, el cual fue fijado inicialmente con un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado precisó que el hecho de que los imputados continúen su proceso en libertad no implica exoneración, sino que responde a la naturaleza del delito y a las disposiciones legales aplicables en casos patrimoniales. Además, se destacó que las diligencias continúan abiertas, por lo que no se descarta que puedan surgir nuevas líneas de investigación o incluso ampliarse el número de personas involucradas.

El objetivo de la autoridad es esclarecer de manera completa los hechos, determinar con exactitud el monto del daño económico y, en su caso, garantizar la reparación correspondiente conforme a derecho. La Fiscalía General del Estado reiteró que se mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier avance en la investigación y las resoluciones judiciales que se deriven del proceso, asegurando transparencia y seguimiento de este caso que ha tenido un impacto considerable en la empresa Rassini y en la comunidad empresarial de la región.

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