¿Tren de Aragua aliado de Maduro? EE. UU. lo niega

Un memorando de inteligencia contradice las acusaciones de Donald Trump sobre vínculos entre el Tren de Aragua y el gobierno de Venezuela.
Las agencias de inteligencia estadounidenses rechazaron las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien deportó a 238 venezolanos a una prisión en El Salvador en marzo, alegando supuestos vínculos entre el Tren de Aragua y el régimen de Nicolás Maduro, según un memorando oficial fechado el 7 de abril.
Un memorando del Consejo Nacional de Inteligencia (NIC), difundido el lunes tras una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información, sostiene que no existen pruebas concluyentes de una cooperación entre el grupo criminal Tren de Aragua (TDA) y el gobierno venezolano.
La administración de Trump había asegurado que el TDA operaba bajo el amparo del presidente Nicolás Maduro y utilizó esa justificación para activar la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798, trasladando a 238 ciudadanos venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
El documento indica que, si bien el entorno en Venezuela podría ser favorable para la operación del TDA, “el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con el TDA y no dirige su movimiento ni sus operaciones en Estados Unidos”.
Estas afirmaciones respaldan un informe previo publicado por The New York Times en marzo, el cual ya revelaba que los servicios de inteligencia no respaldaban las teorías esgrimidas por Trump.
Deportaciones polémicas y ley de 1798
La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, había sido utilizada históricamente solo en tiempos de guerra. La decisión de Trump de invocarla para justificar estas deportaciones fue ampliamente cuestionada por expertos legales y defensores de derechos humanos.
Las autoridades estadounidenses aún no han revelado los criterios precisos utilizados para identificar a los supuestos miembros del TDA. Algunos abogados defensores han denunciado que se usaron tatuajes como principal evidencia, lo que ha generado acusaciones de perfiles raciales y discriminación.
Familiares de los deportados han expresado su preocupación por la falta de pruebas y han declarado públicamente que muchos de ellos no tienen relación alguna con organizaciones criminales. La reclusión en una cárcel de alta seguridad en El Salvador, lejos de sus redes de apoyo, ha sido calificada como una medida extrema e injusta.
Investigación por filtración y uso político de la inteligencia
Tras conocerse el memorando, el Departamento de Justicia anunció una investigación criminal por la filtración selectiva de información inexacta proveniente de la comunidad de inteligencia. Según el comunicado oficial, esta información habría sido manipulada para sustentar una narrativa políticamente motivada durante el mandato de Trump.
El Departamento también condenó lo que denominó “intentos del Estado en la sombra” para debilitar la administración a través de filtraciones clasificadas manipuladas. La Fundación para la Libertad de Prensa (FPA), que obtuvo el documento, lo entregó al New York Times para su verificación y publicación.
Esta controversia reabre el debate sobre el uso político de las agencias de inteligencia y las decisiones migratorias basadas en información no corroborada, especialmente en contextos de campaña o presión pública.
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