Taxistas alzan la voz por altas rentas, falta de prestaciones y competencia

Torreón cuenta con 5,128 taxis autorizados y 1,300 nuevas concesiones en 2024. PN tiene 623 concesiones, mientras que en la Carbonífera predominan taxis informales. Monclova tiene un sistema de concesiones poco actualizado, y Saltillo maneja aproximadamente 6,200 permisos de taxis, con un proceso de digitalización en marcha para regularizar.

El sistema de transporte público en Coahuila se enfrenta a una serie de desafíos que varían significativamente entre sus diversas regiones y municipios. 

Desde la falta de una regulación clara y la competencia desleal de plataformas digitales, hasta las difíciles condiciones laborales de los taxistas, cada zona tiene su propio conjunto de problemas que afectan tanto a los usuarios como a los concesionarios y trabajadores del sector. El panorama general refleja la necesidad urgente de una reforma integral que asegure una movilidad eficiente, accesible y justa para todos los habitantes del estado, sin dejar de lado la formalización de los derechos laborales de los trabajadores del volante.

Torreón

La situación del transporte público es relativamente más estructurada en comparación con otras regiones de Coahuila. Existen 5,128 taxis autorizados, con la reciente adición de 1,300 nuevas concesiones aprobadas en 2024, como respuesta a las quejas de los usuarios por la falta de cobertura y atención en algunas zonas. Las líneas de taxis como Radiataxis, Rapiditos, Mandarinas y Los Amarillos operan bajo un sistema de bases, donde los concesionarios deben cumplir con una serie de requisitos reglamentarios, como la presencia de un local, líneas telefónicas y un sistema de radio. Sin embargo, las tarifas no han sido un tema exento de polémica, pues la reciente subida de tarifas, que pasó de 13.61 a 14.24 pesos por banderazo diurno, y de 19.06 a 19.94 pesos en horario nocturno, ha generado cierto descontento. A pesar de ello, el sistema de concesiones se mantiene controlado y debidamente regularizado por las autoridades municipales  y de tránsito y vialidad.

Piedras Negras

La distribución de concesiones ha sido un tema controvertido, pues se distribuyeron 623 permisos a exfuncionarios y personas cercanas al poder político, lo que ha desatado críticas por la falta de transparencia en el proceso. Los taxistas enfrentan una carga económica considerable, pagando rentas diarias de 900 pesos por unidad, además de trabajar largas jornadas de hasta 14 horas. El gobierno municipal ha intentado regularizar la situación, exigiendo que los concesionarios inscriban a sus conductores en el IMSS, pero la falta de prestaciones sociales y la ausencia de una verdadera red de seguridad para los taxistas siguen siendo puntos críticos. Además, la competencia con plataformas digitales no reguladas como Uber y Didi ha exacerbado las tensiones en el sector, pues los taxistas se sienten en desventaja frente a servicios que no operan bajo las mismas reglas, ni tampoco  generan las mismas ganancias.
Región Carbonífera. Se caracteriza por una marcada informalidad en el transporte, donde muchos taxistas son propietarios de sus vehículos y, debido a la crisis económica y la baja demanda de servicios, no pueden ofrecer seguros o prestaciones sociales de ningún tipo. 
En esta zona, los taxistas enfrentan una doble carga: por un lado, la competencia de taxis informales que no cuentan con concesiones ni permisos adecuados, y por otro, la falta de afiliación al IMSS y otros beneficios laborales. 
La gestión sindical en esta región está principalmente a cargo de la CTM, que busca defender los derechos laborales de los taxistas, pero la falta de recursos y apoyo ha hecho que muchos choferes operen en condiciones precarias. 
A pesar de esto, algunos líderes del sector están intentando formar un frente común para enfrentar los problemas de forma colectiva, incluyendo la resistencia ante plataformas como InDriver que es la que de manera irregular existe.

Monclova

Los taxistas también padecen de la informalidad laboral y la falta de prestaciones, ya que el oficio se considera más un negocio que una empresa, lo que limita las opciones para los trabajadores de acceder a derechos básicos como el seguro social. Los choferes deben cubrir una renta diaria de 500 pesos, lo que les deja con márgenes de ganancia estrechos. Además, la falta de actualización en las tarifas ha llevado a que muchos choferes enfrenten serias dificultades económicas. La competencia de plataformas digitales no reguladas agrava aún más la situación, ya que los taxis informales operan sin cumplir con las normativas y sin pagar los impuestos correspondientes. Aunque existen sindicatos en la región, algunos taxistas señalan que estos no han sido efectivos para defender sus derechos, lo que ha llevado a muchos a buscar soluciones por su cuenta, como la contratación voluntaria del IMSS, aunque esta iniciativa no ha tenido gran aceptación debido a los costos adicionales. 
Esto ha generado un ambiente de frustración y desconfianza entre los trabajadores del volante, quienes reclaman igualdad en las condiciones de operación.

Saltillo

La capital del Estado enfrenta una serie de desafíos relacionados con el transporte público que afectan tanto a los usuarios como a los operadores del servicio. Aunque el municipio no está otorgando nuevas concesiones hasta regularizar el sistema, se estima que existen alrededor de 6,200 permisos de taxis, con aproximadamente 4,500 vehículos en operación. Esta situación genera una disparidad entre la demanda de transporte y la oferta disponible, lo que ha llevado a que algunos sectores de la ciudad carezcan de una cobertura adecuada, obligando a los usuarios a recurrir a otras alternativas, como los servicios informales. 
En este sentido, la proliferación de servicios informales, como el uso de taxis para grupos de personas que forman "viajes compartidos", ha generado un mercado paralelo que compite directamente con el sistema de concesiones oficial. Este fenómeno ha dificultado la regulación del servicio, ya que muchos de estos vehículos no cuentan con la documentación necesaria ni cumplen con las normativas establecidas. Además, los operadores informales no están sujetos a las mismas tarifas o condiciones laborales que los taxistas que trabajan dentro del sistema regulado, lo que genera una competencia desleal y agrava la situación para los trabajadores formales. 
El gobierno municipal ha implementado ajustes tarifarios en un intento por mejorar la eficiencia del servicio. En otro tema, De la Rosa Molina recordó que el año pasado se implementó un ajuste tarifario para los taxis. 
La tarifa diurna pasó de un banderazo de 13.61 a 14.24 pesos, con una tarifa mínima de 35.97 a 37.64 pesos. En la tarifa nocturna, el banderazo se ajustó de 19.06 a 19.94 pesos, y la tarifa mínima subió de 42.97 a 44.97 pesos. 

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