Presidenta de Perú enfrenta acusaciones de abandono de funciones tras ocultar cirugía al Congreso

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudió este lunes al despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para declarar sobre la operación en la nariz que mantuvo oculta al Congreso durante más de un año. La intervención, que se realizó en 2023, ha dado lugar a una investigación por parte del Ministerio Público, que la acusa de presunto abandono temporal del cargo por no haber informado de su situación de salud al Congreso ni al Consejo de Ministros. La investigación podría derivar en cargos por omisión de funciones y abandono de cargo en agravio del Estado.

Boluarte llegó a la sede del Ministerio Público en un auto oficial, escoltada por un cordón policial que impidió el acceso de los medios de comunicación a su comitiva. La reunión con la fiscal general Delia Espinoza se celebró en la oficina central de la Fiscalía, ubicada a pocas cuadras de la sede del Ejecutivo. La cita fue reprogramada tras la solicitud de la presidenta, ya que originalmente había sido fijada para el 2 de enero de este año.

La fiscalía informó que Boluarte está siendo investigada como presunta autora de los delitos de omisión de funciones y, alternativamente, de abandono del cargo. Espinoza explicó en una entrevista que la mandataria no está siendo investigada por haberse sometido a la cirugía, sino por el hecho de no haber comunicado su incapacidad temporal al Congreso, lo que podría implicar un abandono de funciones en el ejercicio de la presidencia.

La investigación se enfoca en un periodo específico, entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, cuando la mandataria habría estado incapacitada o inconsciente debido a la operación, aunque no se detallaron los motivos exactos. Según la fiscal general, el caso se centra en las horas en las que Boluarte pudo haber dejado de ejercer su cargo sin justificación ni aviso formal al Congreso, como establece la normativa peruana.

Boluarte, por su parte, admitió el 12 de diciembre pasado haberse sometido a una intervención quirúrgica en la nariz, pero aclaró que no se trató de un procedimiento estético, sino de una cirugía "necesaria e imprescindible" para su salud. La presidenta defendió que esta intervención no le causó "ningún tipo de incapacidad" y que pudo seguir ejerciendo sus funciones sin impedimentos. Además, ofreció renunciar voluntariamente a su derecho a la confidencialidad médica si el Ministerio Público lo solicitaba, con el compromiso de entregar su historial clínico.

El caso ha generado controversia en el país, ya que la ocultación de la operación y la posible falta de comunicación con el Congreso han sido interpretadas por algunos sectores como una falta de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de su cargo. La fiscalía abrió la investigación el 5 de diciembre pasado, tras conocerse que Boluarte no había informado sobre la cirugía ni a su equipo de ministros ni al Congreso, lo que llevó a la apertura de una investigación preliminar por presunto abandono de cargo y omisión de actos funcionales.

Este incidente se suma a una serie de desafíos políticos que enfrenta la presidenta, que sigue luchando por mantener su posición en medio de una creciente presión social y una caída en su popularidad. Según recientes encuestas, Boluarte tiene una de las aprobaciones más bajas a nivel mundial, lo que ha alimentado aún más las críticas en torno a su gestión.

La investigación sigue en curso, y la fiscalía deberá determinar si existe responsabilidad en la actuación de la presidenta en relación con la ocultación de su cirugía y su posible impacto en el ejercicio de la presidencia.