El Minutero
Cronos /El Tiempo
El tiempo no perdona, y Javier Díaz alcalde de Saltillo, lo está desperdiciando. El otrora atleta olímpico ha demostrado que puede avanzar donde otros se estancaron: el tráfico vial, las plazas mejoran y la seguridad se fortalece. Pero hay una sombra que lo persigue: las calles destrozadas que heredó de las anteriores administraciones. Arterias como Moctezuma Sur, Xicoténcatl, Obregón y hasta el Periférico Echeverría, con sus laterales y el bulevar Vito Alessio Robles, son cicatrices de una administración pasada que olvidó, entre muchas otras cosas, el pavimento de la ciudad.
Nadie se explica por qué Javier Díaz no le ha entrado de lleno al tema que, de corregirlo, impactará de manera directa en el beneficio de la gran cantidad de automovilistas que todos los días transitan por la ciudad. El reto está en arreglar en el corto plazo el desastre de pavimento que le dejaron, antes de que las lluvias lleguen y su actuación corra el riesgo de quedar enterrada en esos hoyos.
En temas del 8M, la “iconoclasia” del Bloque Negro llegó al Congreso del Estado con mazos, sierras y tijeras diseñadas para destruir sin obstáculos y arrasar con todo lo que encontraban a su paso. ¿Dónde está la delgada línea que divide a la iconoclasia del vandalismo?
Mientras tanto, la Región Centro, La alcaldesa de Castaños, Yésica Sifuentes, juega a la política de la contradicción. Primero defiende lo indefendible: policías que casi estrangulan a un ciudadano, con videos como prueba irrefutable. Luego, justifica su tardanza en una reunión de la CNDH con una excusa tan frágil como el cartón que protegía los monumentos en la plaza del Magisterio, donde marcharon las mujeres para conmemorar el 8M. Ese mismo cartón que, como era de esperarse, fue retirado para dar paso al color morado y a un reguero de consignas, manos impregnadas de pintura y basura que avergonzó a los trabajadores de limpieza. La alcaldesa asegura que apoya a las manifestantes quienes aprovechan la colectividad para vandalizar todo lo que se atraviesa a su paso.
En Múzquiz, por su parte, se reciben inversiones importantes: 10 millones para modernizar la red de agua potable y 15 para pavimentación, además de su reciente confirmación como “Pueblo Mágico”, lo que suele atraer más fondos para embellecimiento y turismo. Sin embargo, es crucial que estos recursos sean bien gestionados, pues su impacto no solo es económico, sino también social y político. Difícil para la alcaldesa actual Laura Patricia Jiménez Guerra, La Gachupina remendar el desastre que le dejó la impresentable Tania Flores.
En Piedras Negras, la crisis parece asomarse. Dos funcionarios de alto rango han renunciado en dos meses de administración. El director de salud, Gilberto Valdés, dejó el cargo en 35 días, presuntamente por no estar de acuerdo con la supuesta política privatizadora del alcalde en el rubro de la salud. Luego, el secretario del Ayuntamiento, Ignacio Villareal, fue removido por su propio cabildo en un juicio sumario que dañó su carrera y reputación. El presidente municipal, Jacobo Rodríguez con su carácter brioso, va de encuentro con cuanto interés creado se encuentre a su paso, lo notable es que es sus mañaneras región 4, el edil permita el nivel de cuestionamientos que se le han hecho en ese foro por el tono que se lo presentan. Ojalá que Jacobo pronto se atempere y se enfoque sí, a las actividades que son buenas para el municipio, más allá de discusiones bizantinas en las que parece que él disfruta, casi igual que su gusto por aparecer en redes sociales.
Y en Torreón, el verde no es de los árboles, sino de los billetes. Gustavo Muñoz López, titular de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, reveló fraudes con áreas verdes municipales vendidas de manera irregular a particulares, principalmente para construir tiendas de conveniencia. Dicen que los compradores no fueron engañados; sabían que los terrenos eran del municipio, pero, bajo “ciertos procedimientos”, recibieron documentos apócrifos. Detrás de esto, se señala a regidores y a una funcionaria de alto nivel de la pasada y actual administración. Mientras Muñoz asegura que estos trámites fraudulentos pueden revocarse en el Cabildo, también se menciona que saldrán a relucir nombres de notarios públicos involucrados en esta actividad ilícita. Los políticos y su actuación serán juzgados por el reloj de la historia que no perdona, y cuando menos lo esperen, les pasará la factura.
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