México rechaza acusaciones de ONU sobre desapariciones forzadas
El Gobierno de México rechazó las acusaciones de la ONU sobre desapariciones forzadas, mientras el Comité CED exige protección para víctimas en Jalisco.
La ONU dictó medidas cautelares a México por el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco, donde hay restos de posibles víctimas de desaparición. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) y el Gobierno mexicano. Tras el 28° Periodo de Sesiones del CED. Jalisco, México. Preocupación por la preservación de pruebas y amenazas a familiares de desaparecidos.
México rechaza acusaciones de la ONU
El Gobierno de México negó las declaraciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que señaló posibles prácticas de desaparición forzada por parte del Estado. En un comunicado conjunto, la Segob y la SRE aseguraron que México coopera con el CED y rechazó que exista una política de desapariciones.
El CED emitió medidas cautelares para garantizar la protección de restos óseos y objetos personales hallados en el Rancho Izaguirre, Jalisco, así como el acceso a información para familiares de víctimas. El Comité expresó preocupación por amenazas contra colectivos de búsqueda, pese a medidas de protección previas.
El caso del Rancho Izaguirre
El CED señaló "riesgo de daño irreparable" en el Rancho Izaguirre, donde se encontraron restos humanos vinculados a desapariciones. Además, denunció que familiares y colectivos enfrentan obstáculos para acceder a información y sufren intimidaciones.
"El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas", afirmó la Segob. México aseguró que atenderá las solicitudes del CED, pero reiteró su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la violencia.
Antecedentes y controversia
El CED mantiene un diálogo con México desde 2014, pero esta es la primera vez que emite medidas cautelares específicas. Colectivos de búsqueda han denunciado falta de transparencia y represalias, incluso con medidas de protección vigentes.
México enfrenta una crisis de desapariciones, con más de 100,000 personas no localizadas. El Gobierno insiste en que trabaja en acciones contundentes, pero organizaciones civiles exigen resultados tangibles.
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