Las Moritas cerca de regularización tras 40 años de conflicto
El asentamiento Las Moritas, con 40 años sin regularizar, avanza hacia un acuerdo entre habitantes, el propietario y el gobierno estatal para legalizar su situación.
La Comisión Estatal de la Vivienda Popular confirmó que el asentamiento Las Moritas podría regularizarse en las próximas semanas mediante un acuerdo donde el gobierno financiará a las familias para pagar al propietario del predio, la constructora DACS, reveló Andrés Osuna, director del organismo.
Acuerdo histórico tras cuatro décadas de disputa
Andrés Osuna, director de la Comisión Estatal de la Vivienda Popular, anunció este lunes que 80 a 90 familias del asentamiento Las Moritas están cerca de regularizar su situación jurídica, tras un acercamiento con la constructora DACS, propietaria legal del terreno. El acuerdo evitaría un desalojo y permitiría a los residentes obtener escrituras mediante un esquema de pago subsidiado por el estado.
Gobierno como financiador y facilidades fiscales
El plan, discutido en una reunión con vecinos este lunes, establece que el gobierno pagará directamente a DACS el valor del predio, mientras que las familias liquidarán su deuda en plazos de 1 a 2 años con el instituto estatal.
Osuna precisó que, aunque el valor comercial de los terrenos oscila entre 200,000 y 300,000 pesos, el monto final se definirá en negociaciones con la empresa. Además, el municipio exentará el pago de predial y reducirá costos de escrituración a 8,000 pesos mediante el programa Certtuc, frente a los 15,000-20,000 pesos habituales.
Censo y priorización de familias originarias
Un censo reciente identificó 30 familias fundadoras que habitan el lugar desde hace 40 años, aunque el beneficio se extenderá a 80-90 hogares.
“DACS tiene derecho a reclamar el desalojo, pero prefieren una solución pacífica. Nadie será perjudicado”, afirmó Osuna. La constructora buscaría recuperar al menos su inversión inicial, según el funcionario.
Próximos pasos y beneficios comunitarios
Se espera firmar el acuerdo en 1-2 semanas, lo que permitiría a los residentes acceder a servicios básicos formales y créditos hipotecarios. Osuna destacó que este caso sentaría un precedente para resolver conflictos similares en Coahuila, donde el INEGI reporta 12% de viviendas irregulares en zonas urbanas.
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