Las apuestas de los empresarios para la Corte y otros cargos del PJF
Mario Maldonado
A poco más de dos meses de la elección judicial en México, y a unos días del inicio de las campañas, en abril, los diversos sectores políticos ya tienen definidos sus apoyos y apuestas, algunos de manera muy abierta; pero también los empresarios se han alineado en torno a algunas figuras que pretenden impulsar a los juzgados y tribunales, principalmente a la Suprema Corte de Justicia (SCJN).
Un caso de cercanía con los grupos económicos es el de la candidata a ministra impulsada por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, Paula María García Villegas Sánchez Cordero; se trata, como sus apellidos lo dejan ver, de la hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, ahora en funciones de diputada federal, y del notario público Eduardo García Villegas.
Si bien la familia completa de Paula María busca desde hace tiempo mostrar lealtad a Morena y a la Cuarta Transformación, ella tiene una historia de relación con el poder económico, a través de los servicios que sus notarías han otorgado a los más grandes corporativos del país, a bancos y hasta a liderazgos sindicales de antaño, como Carlos Romero Deschamps. En una casona ubicada en la zona de las Lomas de Chapultepec, en el número 225 de la calle Prado Sur, constituyeron un “consorcio” para gestionar y oficializar todo tipo de asuntos del orden jurídico: con las notarías 15, del papá Eduardo García Villegas; la 182, de la propia Olga Sánchez Cordero, y la 95 y 248, respectivamente, de los hermanos Olga Mercedes y Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero.
Paula María es magistrada del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a donde suelen arribar asuntos millonarios relacionados con grandes negocios. En algún momento se le vinculó con el pleito que mantienen Actinver, de Héctor Madero, y el empresario Rafael Zaga Tawil, relacionado con los mil millones de pesos que la institución bancaria liberó de un fideicomiso para reparar un fraude cometido al Infonavit.
De acuerdo con los operadores legales de Actinver, el contacto directo de los abogados de Rafael Zaga con el tribunal responsable de la resolución fue Fernando Mendoza Rodríguez, esposo de Paula María.
El 14 de diciembre de 2022 Actinver fue sentenciado a pagar unos mil 500 millones de pesos como indemnización por daños y perjuicios. El dictamen señala que, como banco, incumplió con los estándares mínimos de lealtad y confianza frente a un cliente al que se le designó como institución fiduciaria, lo que constituye una presunta violación al sistema bancario.
El caso es que será revisado en la Segunda Sala de la SCJN), donde se encuentran los ministros Javier Laynez, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán, y ahí se definirá si se le absuelve o se confirma la sentencia. Pero también podría quedar en manos de la nueva SCJN.
Así como el perfil de García Villegas Sánchez Cordero, hay otros tantos que Morena tiene detectados por sus vínculos y simpatías con los grupos empresariales, o bien con hombres y mujeres de negocios y hasta políticos del pasado; en esa lista de candidatas y candidatos para la Corte la que más suena de entre las tres ministras allegadas al oficialismo es Yasmín Esquivel; en segundo lugar Loretta Ortiz, y a quien quieren ver, pero muy lejos de la Presidencia de la SCJN, es a la radical Lenia Batres.
Otras mujeres y hombres que se enfilan como favoritos para la Corte, con el apoyo de la Iniciativa Privada, son Marisela Morales, Dora Alicia Martínez, Jazmín Bonilla, Zulema Mosri, Ricardo Sodi, Mauricio Tortolero y Sergio Molina Martínez. No los pierda de vista.
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