La versión de la FGR en el caso de Teuchitlán

Este miércoles, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, saldrá a una conferencia de prensa que, en esencia, busca dar elementos para que las autoridades federales atraigan el caso del Rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán, Jalisco.

A diferencia de ocasiones anteriores, en las que la cabeza del Ministerio Público aparecía en la llamada Conferencia del Pueblo, el reporte se dará por separado, entre otras cosas porque la presidenta Claudia Sheinbaum quiere estar lo más lejos posible del tema y evitar que le ocurra lo que a Enrique Peña Nieto con el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el reporte expone que la Fiscalía de Jalisco cometió diversas omisiones en la investigación, ya que las autoridades locales tenían conocimiento de la existencia del rancho desde el año pasado cuando se llevó a cabo un operativo de la Guardia Nacional que derivó en el aseguramiento del predio. El resultado fueron 10 personas detenidas, un cadáver y la liberación de dos secuestrados. "No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado; esa información es fundamental”, dijo la semana pasada el fiscal Gertz Manero, por lo que se anticipa que las nuevas averiguaciones no sólo irán enfocadas a la actividad del crimen organizado en la zona, que habría convertido al rancho un “centro de reclutamiento y entrenamiento”, sino contra varios funcionarios estatales y municipales.

Lo que es un hecho que ni la FGR ni las autoridades locales podrán negar es el avance del crimen organizado en Jalisco, al grado de que el CJNG se ha convertido en el grupo más poderoso del país por su capacidad de fuego, sus numerosas filas y la diversidad de negocios en los que participan.

Los funcionarios y políticos jaliscienses tomaron como una amenaza directa de este cártel el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, ocurrido a finales del 2020 cuando el emecista Enrique Alfaro ya era gobernador. Otro antecedente fue el ataque al exfiscal Luis Carlos Nájera, en 2018, en un restaurante en Guadalajara.

El problema fue que desde la federación se mandaron señales de que la estrategia contra el crimen, promovida por Andrés Manuel López Obrador, sería la de “abrazos no balazos”. Los gobernadores de zonas complejas en materia de seguridad, ya sea morenistas o de oposición, decidieron apartarse del tema. Consultado para este texto, un exsecretario de seguridad estatal aseguró que la premisa de combatir al crimen cambió radicalmente con la llegada de Morena a la Presidencia: “Si no entran desde el gobierno federal a combatirlo y se debilitan las instituciones de seguridad, tampoco entramos nosotros”.

Con más margen de maniobra, el crimen organizado instauró una nueva estrategia que denominaron “limpiar la basura”; es decir que los propios delincuentes debían evitar llamar la atención y limpiar los restos de los delitos cometidos en la vía pública. “Así comenzaron a incrementar de manera exponencial los números de desaparecidos en el país”.

Un ejemplo de aquella “limpieza” que debían hacer los criminales fue cuando, en marzo del 2023, cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas; dos de ellos fueron encontrados muertos en una comunidad rural llamada Ejido Longoreño, luego de la presión que ejerció el gobierno de Estados Unidos.

Es por ello que hay indicios de que el horror que quedó al descubierto en Jalisco pueda replicarse en entidades como Baja California, de Marina del Pilar; Michoacán, de Alfredo Ramírez Bedolla; Sonora, de Alfonso Durazo; Sinaloa, de Rubén Rocha; Nayarit, de Miguel Ángel Navarro; Colima, de Indira Vizcaíno; Chiapas, de Eduardo Ramírez; y Tabasco, de Javier May, entre otros.

La complejidad de las labores de investigación que tendrá que hacer la Fiscalía General, además de lo que ya de por sí implica ir por la delincuencia organizada, estará en enfocar los resultados de las pesquisas a las omisiones de las autoridades locales, toda vez que hay una solicitud expresa de dejar fuera cualquier argumento que apunte a presuntas responsabilidades del gobierno de López Obrador, debido a que fueron elementos del orden federal los primeros en realizar labores en el Rancho Izaguirre.

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