Juez mantiene bloqueo a deportaciones bajo Ley de Enemigos
Trump criticó al juez federal que bloqueó las deportaciones de venezolanos a El Salvador, mientras su gobierno apela la decisión ante tribunales.
El presidente Donald Trump lanzó fuertes críticas contra el juez federal James Boasberg, luego de que este emitiera una orden que bloquea temporalmente los planes de la administración para deportar a cientos de inmigrantes venezolanos a El Salvador. El conflicto judicial se centra en el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma que no se invocaba desde la Segunda Guerra Mundial.
La controversia judicial estalló el 15 de marzo, cuando el juez Boasberg, nominado por el expresidente Barack Obama, emitió una orden que detuvo las deportaciones de venezolanos acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua. En su fallo, el magistrado estableció que los inmigrantes deben tener oportunidad de impugnar su deportación y ordenó el regreso a Estados Unidos de quienes ya habían sido enviados a El Salvador, mandato que finalmente no se cumplió.
El Departamento de Justicia presentó una apelación argumentando que la orden judicial representa una "intromisión sin precedentes" en la autoridad presidencial para deportar a extranjeros considerados peligrosos. Los abogados del gobierno sostienen que la designación del Tren de Aragua como "fuerza invasora" es una decisión de seguridad nacional que no está sujeta a revisión judicial.
Organizaciones de derechos civiles, que interpusieron la demanda original, advierten que aceptar la postura del gobierno establecería un peligroso precedente. "Si el Presidente puede designar a cualquier grupo como enemigos extranjeros bajo esta Ley, entonces no hay límite sobre quién puede ser enviado a prisión en el extranjero sin debido proceso", señalaron en documentos judiciales.
El caso llegó este lunes a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde un panel de tres jueces escuchó los argumentos de ambas partes. Mientras se espera la decisión, el presidente Trump intensificó sus ataques contra el juez Boasberg, llegando a pedir su inhabilitación por considerar que muestra parcialidad política.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, salió al paso de las críticas con una rara declaración pública, recordando que "la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial". La polémica ocurre en un contexto electoral donde la política migratoria se ha convertido en uno de los temas centrales de debate.
La Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada durante el gobierno de John Adams, permite al presidente deportar a no ciudadanos sin necesidad de que comparezcan ante un juez de inmigración o federal. La administración Trump la ha utilizado para justificar la transferencia de cientos de venezolanos a centros de detención en El Salvador.
Expertos constitucionales señalan que este caso podría establecer precedentes importantes sobre los límites del poder presidencial en materia migratoria y el alcance de la revisión judicial sobre decisiones de seguridad nacional. Mientras tanto, los vuelos de deportación permanecen suspendidos a la espera de la decisión de la corte de apelaciones.
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