Juez bloquea orden de Trump que elimina ciudadanía por nacimiento

Un juez federal en Seattle, John C. Coughenour, emitió una orden que bloquea temporalmente la medida del presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, calificándola como "descaradamente inconstitucional".

La orden ejecutiva, firmada por Trump el día de su toma de posesión, tenía como objetivo revocar la ciudadanía otorgada a personas nacidas en el país independientemente del estatus migratorio de sus padres y estaba programada para entrar en vigor el 19 de febrero.

La 14ª Enmienda y el jus soli
La decisión del juez surge a raíz de una demanda presentada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, junto con otros estados y grupos de defensa de derechos de inmigrantes. Argumentan que la 14ª Enmienda de la Constitución de EE. UU., ratificada en 1868, garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en el país y sujetas a su jurisdicción.

La enmienda establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen". Según los demandantes, durante más de un siglo esta disposición ha sido interpretada consistentemente para incluir a todos los nacidos en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de los padres.

Impacto potencial y controversia
De implementarse, la orden de Trump podría afectar a cientos de miles de personas. Según una de las demandas, en 2022 hubo aproximadamente 255,000 nacimientos de niños ciudadanos estadounidenses de madres en el país sin documentos y alrededor de 153,000 de padres en esta misma situación.

Actualmente, Estados Unidos es uno de los 30 países que aplican el principio de jus soli o "derecho del suelo". Esta política, común en las Américas, también es reconocida por países como Canadá y México.

La administración de Trump argumenta que los hijos de padres no ciudadanos no están "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos, una interpretación que los demandantes rechazan como errónea y contraria a la historia constitucional del país.

Resistencia de los estados y grupos de defensa
La demanda presentada en Seattle es una de cinco acciones legales que agrupan a 22 estados y diversas organizaciones pro-inmigrantes. Entre las evidencias, se incluyen testimonios de fiscales generales que son ciudadanos por nacimiento y de mujeres embarazadas preocupadas por el estatus de sus hijos.

Los demandantes sostienen que la medida es inconstitucional y desestabilizaría la vida de millones de personas. Ana García, fiscal general de Illinois, señaló: "Esto no solo contradice la esencia de nuestra Constitución, sino que también amenaza con dividir aún más a nuestra sociedad".

El fallo del juez Coughenour pone en pausa la implementación de esta controversial orden mientras las cortes deciden su destino final. Sin embargo, el caso subraya una creciente batalla legal y política en torno a los derechos de los inmigrantes y las interpretaciones de la Constitución bajo la administración de Trump.

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