Gómez Urrutia propone indemnización por despido de 90 días por año
El diputado Napoleón Gómez Urrutia propone una iniciativa para aumentar la indemnización por despido de 20 a 90 días por año trabajado. Expertos advierten riesgos para empleadores.
Una iniciativa busca elevar la indemnización por despido de 20 a 90 días por año trabajado. El diputado y líder sindical Napoleón Gómez Urrutia presentó la propuesta. Argumenta que los trabajadores necesitan mayor protección ante un mercado laboral complejo, pero expertos advierten que podría aumentar la informalidad y afectar a PYMES.
El diputado y líder sindical Napoleón Gómez Urrutia presentó una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para triplicar las indemnizaciones por despido, pasando de 20 a 90 días de salario por año trabajado. La iniciativa, presentada este martes, argumenta que los trabajadores necesitan mayor protección ante las dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.
¿Qué plantea la iniciativa?
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Indemnización de 90 días por año trabajado (actualmente es 20).
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Seis meses de salario en el primer año (antes eran tres).
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Aplicable en despidos injustificados y bajo ciertas condiciones de término de relación laboral.
Gómez Urrutia justificó que, en el contexto económico actual, los trabajadores tardan más en encontrar empleo y necesitan un colchón financiero más amplio.
"Es importante que, al terminar una relación laboral, la indemnización sea justa y permita subsistir mientras se consigue otro empleo", señaló.
Advertencias de expertos: ¿Mayor informalidad?
Adrián Castillo, socio del despacho Von Wobeser y Sierra, advirtió que la medida podría generar efectos negativos:
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Aumento de la informalidad laboral (empresas evitarían contrataciones formales).
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Incentivo a litigios laborales (más juicios por despido).
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Riesgo para PYMES, que no podrían asumir el costo.
"Un trabajador con 4 años de antigüedad tendría derecho a casi un año de salario. Muchas empresas no podrían pagarlo", afirmó.
¿Qué sigue?
La iniciativa deberá ser discutida en el Congreso, donde enfrentará debate entre sindicatos, empresarios y legisladores. Mientras algunos la ven como una necesaria protección laboral, otros la consideran inviable para la economía real.
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