Gobierno de Trump desafía orden judicial sobre deportaciones masivas
La Casa Blanca acusó al juez James Boasberg de "usurpar" la autoridad del Poder Ejecutivo al bloquear las deportaciones de migrantes bajo una ley de 1798, mientras el gobierno de Trump defiende su política de expulsiones masivas.
La Casa Blanca arremetió contra el juez federal James Boasberg, quien ordenó bloquear las deportaciones de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que Boasberg es un "juez activista" que intenta "usurpar" la autoridad del presidente Donald Trump y socavar la voluntad del pueblo estadounidense.
El gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones de supuestos miembros del Tren de Aragua, una banda criminal venezolana declarada "terrorista". A pesar de la orden judicial, más de 200 migrantes venezolanos ya fueron deportados a El Salvador, país que aceptó encarcelarlos. Leavitt aseguró que las deportaciones masivas continuarán, aunque no especificó cuándo se realizarán nuevos vuelos.
El Departamento de Justicia rechazó proporcionar información detallada sobre los vuelos de deportación, argumentando que las solicitudes del juez Boasberg son "intromisiones graves" en la autoridad del Poder Ejecutivo. Los abogados del gobierno afirmaron que están considerando invocar el "privilegio de secretos de Estado" para proteger información sensible relacionada con la seguridad nacional y las relaciones exteriores.
Presión política y proceso de destitución
El congresista republicano Brandon Gill inició un proceso de destitución contra el juez Boasberg, aunque las posibilidades de éxito son mínimas, ya que requeriría el apoyo de dos tercios del Senado, incluyendo a 14 senadores demócratas. Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene su postura de desafiar las órdenes judiciales que considera un obstáculo para su agenda de deportaciones.
La administración Trump ha enfrentado múltiples desafíos legales por su política migratoria, incluyendo el uso de leyes antiguas como la Ley de Enemigos Extranjeros. Expertos legales han cuestionado la constitucionalidad de estas medidas, mientras grupos de derechos humanos denuncian la falta de pruebas para justificar las deportaciones masivas.
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