FGR cita al dueño de Club Santos para imputarlo de fraude fiscal
En audiencia esta tarde, la FGR pretende imputar a Alejandro Irarragorri, dueño de Club Santos, un presunto fraude fiscal por más de 17 mdp
En audiencia programada para esta tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) pretende imputar a Alejandro Irarragorri Gutiérrez, dueño de club de fútbol Santos Laguna, una presunta defraudación fiscal por más de 17 millones de pesos.
La diligencia originalmente había sido programada para el 28 de agosto de 2024, pero fue aplazada a causa del paro de labores en el Poder Judicial de la Federación.
Está citado a audiencia
De acuerdo con registros judiciales, ahora Iraragorri está citado a una audiencia de imputación a las 16:00 horas de este miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila.
El presidente y director de Grupo Orlegi, dueño de Santos y Atlas, fue señalado por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) de incurrir en engaños para omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de salarios a jugadores del Club Santos Laguna, de enero a julio de 2017.
La FGR abrió caso penal
La FGR abrió el caso penal contra el empresario, quien en octubre pasado ya cedió la presidencia del Club Santos a su hijo Alejandro Irarragorri Kalb, de sólo 24 años.
Audiencia ante el juez
Según autoridades judiciales, hasta ahora no hay ninguna solicitud del empresario o de las autoridades federales para aplazar o cancelar la audiencia ante un juez de control.
Sin embargo, se presume que Irarragorri está fuera del País y no tiene planes de regresar en el corto plazo, pese a que el pasado 24 de enero murió su padre en territorio nacional.
Defraudación fiscal
Según la norma vigente, la defraudación fiscal no es un delito que amerite prisión preventiva de oficio, es decir, no implica que le impongan la cárcel en automático, en caso de ser vinculado a proceso.
No obstante, el ilícito contempla la prisión preventiva justificada, una medida cautelar que la FGR puede solicitar si considera y tiene elementos para acreditar el riesgo de que el directivo puede darse a la fuga.
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