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Entrevista con: Rubi Antunes, Candidata a jueza laboral en el primer distrito de Coahuila

Entrevista
Edith Gámez/ El Tiempo Monclova
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"Por justicia libre de prejuicios y estereotipos"

Rubi Araceli Antunes Martínez, es licenciada en Derecho y estudiante de Coantabilidad Pública. Originaria de Saltillo, y candidata a jueza laboral en el primer distrito de Coahuila. Ella comparte su visión sobre la impartición de justicia en la especialidad de Laboral. 

¿Qué te motiva a postularse como candidata a jueza laboral en el Distrito 01 de Coahuila?

“Mi mayor motivación es el deseo de contribuir a la construcción de un sistema más justo e igualitario. En un país marcado por profundas desigualdades, quienes participamos en este proceso tenemos la oportunidad y la responsabilidad de, en caso de ser electas, emitir resoluciones que protejan a las personas más vulnerables. Es deber de quienes imparten justicia adoptar principios como el in dubio pro operario, propio del ámbito laboral, al interpretar la ley, lo que nos permite avanzar hacia una justicia más inclusiva, sensible a los contextos particulares de cada caso”.

¿Cómo defines la justicia laboral y qué principios considera fundamentales para aplicarla en su trabajo?

“El Derecho Laboral surgió como resultado de la lucha de las personas trabajadoras por mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Por ello, la justicia laboral, desde mi perspectiva, consiste en el conjunto de principios y acciones encaminadas a garantizar el equilibrio entre los factores de producción, lo cual exige la existencia de condiciones laborales dignas.

Los principios fundamentales del Derecho del Trabajo son: el trabajo digno o decente, la igualdad, la irrenunciabilidad de los derechos, la libertad sindical, la interpretación más favorable de la norma en beneficio del trabajador y el principio de primacía de la realidad.

Quienes aspiramos a desempeñar un papel en la impartición de justicia tengamos claridad sobre estos principios y nos comprometamos a aplicarlos con convicción y sensibilidad.”

En su opinión, ¿cuál es el papel de la justicia laboral en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria?

“La ley laboral establece las condiciones básicas necesarias para que las personas trabajadoras puedan acceder a una vida digna. Su propósito es garantizar un salario remunerador que les permita cubrir sus necesidades cotidianas, así como jornadas laborales que favorezcan el equilibrio entre el trabajo y la vida personal”.

¿Cómo planea asegurar que sus decisiones como jueza sean cercanas a la realidad de los trabajadores y empleadores, sin perder el compromiso con la justicia?

“La forma de garantizarlo consiste en que las autoridades judiciales, al momento de valorar las pruebas, apliquen un sistema dinámico de valoración probatoria, complementado con un modelo de sana crítica. Este enfoque busca que, en contextos laborales marcados por la informalidad y la incertidumbre, las personas trabajadoras tengan una oportunidad real de demostrar la veracidad de los hechos, evitando que la carga probatoria se convierta en un obstáculo insalvable o en un imposible jurídico. Quienes estamos en posibilidad de impartir justicia debemos analizar cada caso considerando sus particularidades, libres de prejuicios y estereotipos”.

¿Qué estrategias tiene en mente para garantizar una justicia honesta e incluyente en el ámbito laboral?

“Lo más importante es evitar que la carga probatoria se convierta en un imposible jurídico para las partes. Cuando las relaciones laborales con frecuencia se encubren, persisten prácticas discriminatorias y predomina la informalidad, las personas juzgadoras tienen la obligación de participar durante el procedimiento. Debemos atender la realidad por encima de los elementos meramente formales que puedan contradecirla y privilegiar la solución del conflicto por encima de los formalismos procedimentales”.

¿Cómo asegura la aplicación de una visión ética, equitativa e igualitaria en las sentencias que usted dictaría como jueza laboral?

“Mi formación profesional comenzó poco después de una de las reformas más trascendentes en materia de derechos humanos en México, lo que me permitió familiarizarme con estos principios desde el inicio de mi carrera. Al incorporarme al servicio público, me comprometí a integrarlos de manera activa en mi labor, guiada siempre por un lema personal: ‘ser la servidora pública que me gustaría que me atendiera’. Me he esforzado por conducirme con el mayor respeto hacia todas las personas, evitando prejuicios y manteniéndome en constante capacitación”.

¿Cuál considera que es el mayor reto al impartir justicia laboral desde una perspectiva de género y cómo planea enfrentarlo?

“La perspectiva de género nos permite analizar los puntos sociales en los que se desarrollan los hechos, reconociendo las diferencias y desigualdades que aún persisten entre hombres y mujeres. Esta mirada es fundamental para identificar situaciones de vulnerabilidad o desventaja estructural. Por ejemplo, una persona gestante difícilmente renunciaría voluntariamente a su empleo, ya que este le garantiza el acceso a prestaciones de seguridad social, como la licencia de maternidad y la atención médica. Por ello, el derecho presume su separación como un despido injustificado”.

¿Qué propuestas tiene para fortalecer la protección de los trabajadores más vulnerables en el ámbito laboral?

“Dentro de mi perfil en la página ‘Conóceles’ del INE (https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/detalleCandidato/52345/11), están mis tres principales propuestas: Mediante la creación de estrategias, buscaremos garantizar que quienes laboran en la economía informal, también tengan acceso a mecanismos de justicia laboral, implementar sistemas de evaluación en el cumplimiento de sentencias laborales, para garantizar la reparación integral del daño y garantizar que dentro de los procesos laborales, se consideren la equidad de género y la protección de grupos vulnerables".

¿Cómo manejaría casos en los que los derechos de los trabajadores y las necesidades de los empleadores puedan entrar en conflicto?

“Uno de los mayores principios del derecho laboral, es el equilibrio entre los factores de producción, ya que la mayoría de los problemas laborales tienen que ver con las condiciones laborales y el costo económico de estas. Dentro de mi desarrollo profesional, estuve certificada como Mediadora Privada por el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que tengo una formación que integra herramientas de la comunicación dentro de mi práctica, como la escucha activa, la cual me permite identificar posiciones e interés de las partes dentro de un conflicto”.

¿Cómo ve el futuro de la justicia laboral en Coahuila y qué cambios cree que son necesarios?

“Enfrentamos importantes desafíos, especialmente en Coahuila, donde la industria automotriz es una de las más relevantes. Esta industria ha sido afectada por los aranceles impuestos por Estados Unidos, lo que traerá consigo nuevas dinámicas y la necesidad de implementar procedimientos especiales adaptados a las circunstancias económicas. Considero que una de las principales prioridades en los procesos laborales es evitar que la justicia laboral se vuelva inaccesible. Si bien, es necesario cumplir con los estándares probatorios, también debemos reconocer que el Derecho Laboral es de naturaleza social”.

 

 

 

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