El radar de EU apunta a empresarios mexicanos

La detención en California de Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, relacionado con el conglomerado TUM y empresas logísticas y energéticas, es otro más de los casos de empresarios mexicanos exiliados en Estados Unidos que son detenidos ya sea por acusaciones o por su estatus migratorio.

El 25 de noviembre de 2024 publiqué en este espacio que Quintanilla llevaba meses prófugo de la justicia mexicana, mientras sus compañías seguían ganando contratos estratégicos con dependencias federales. Más de un año después, agentes del ICE lo arrestaron la semana pasada y lo trasladaron al Adelanto Detention Facility, donde su situación migratoria y jurídica ya es revisada bajo un enfoque más amplio que la simple violación de una visa.

La captura de Quintanilla se suma a un periodo de estrecha colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses para rastrear redes financieras vinculadas al crimen organizado. Desde 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda han trabajado con la OFAC y la FinCEN en investigaciones sobre triangulaciones internacionales, empresas fachada, compra de activos mediante prestanombres y movimientos irregulares entre México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia y Reino Unido. La intervención de instituciones como CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa refleja el nuevo nivel de escrutinio al sistema financiero mexicano.

En ese radar destacan casos como el de Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en septiembre pasado tras operar durante años una red global de factureras, y el de Luftar Hysa, empresario albanés naturalizado mexicano que construyó un imperio de apuestas presenciales y en línea. Las investigaciones de FinCEN apuntan a que Hysa habría utilizado casinos en Jalisco, Estado de México y Nuevo León para mover recursos asociados tanto a redes balcánicas como mexicanas, mediante sociedades creadas en Nevada y plataformas digitales de apuestas. Tras las primeras denuncias de la UIF en 2024, Hysa abandonó México y se instaló en Las Vegas, donde litiga su situación mientras Estados Unidos analiza la información financiera cruzada con autoridades mexicanas.

A esta lista se suma un expediente que en Estados Unidos se sigue con particular atención: el caso de Alexandro Rovirosa, contratista de Pemex vinculado en investigaciones federales estadounidenses por presuntos pagos irregulares y triangulación de recursos a través de empresas con sede en Texas. Su nombre apareció en declaraciones y acuerdos de culpabilidad de proveedores estadounidenses que aceptaron haber pagado sobornos a intermediarios ligados a funcionarios de Pemex para asegurar contratos inflados entre 2016 y 2019.

Aunque México mantiene carpetas abiertas por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en Estados Unidos su caso forma parte del universo del “Pemex Procurement Fraud Scheme”, que desde 2020 ha derivado en acusaciones formales contra directivos de compañías texanas y ha señalado a operadores mexicanos que hoy residen en Houston y The Woodlands. Rovirosa permanece en Estados Unidos con procesos migratorios en curso y es considerado un testigo potencial en la pieza financiera del expediente.

En este contexto aparece Quintanilla. Pese a los más de 11 juicios mercantiles y civiles que enfrenta, además de más de 50 recursos federales contra resoluciones penales, sus empresas continuaron recibiendo adjudicaciones estratégicas en México. En 2024, el Servicio Postal Mexicano, dirigido por Violeta Giorgina Abreu, le otorgó un contrato por mil 718 millones de pesos para operar rutas postales hasta 2027, sin competencia real. Su firma EVM Energía del Valle de México obtuvo además contratos triangulados con CFE Calificados para suministrar electricidad al Sacmex por más de 400 millones de pesos, omitiendo en los documentos oficiales la existencia de una central eléctrica asociada a la familia Quintanilla.

A ello se suma su flotilla aérea de 12 aviones, de los cuales ocho no tienen propietario identificado en los registros, así como su presunta relación con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con quien, según diversas investigaciones internas, habría mantenido intercambios relacionados con logística y contratos gubernamentales.

Aunque TUM ha intentado deslindarse públicamente del empresario, los documentos oficiales y los contratos vigentes muestran que su influencia siguió activa incluso cuando ya era considerado prófugo. Su detención es parte de una tendencia creciente de Estados Unidos por seguir el rastro del dinero y detener, con el argumento de su situación migratoria, a políticos y empresarios que han operado en zonas grises vinculadas al crimen organizado. Quintanilla es uno de los nombres.

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