El Minutero

Oscuros. A regañadientes y solo por orden judicial, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) respondió una solicitud ciudadana relacionada con la paridad de género en las candidaturas a personas juzgadoras. Su primera reacción fue digna de una institución que desprecia la transparencia: respondió que “carece de competencia para atender los planteamientos” lo cual bien pudiera ser un insulto para los ciudadanos que, con sus impuestos, pagan sus sueldos que esperan —como mínimo— que las autoridades electorales cumplan su deber.
Fue el Tribunal Electoral de Coahuila (TEC) quien tuvo que recordarle al IEC lo que parece haber olvidado: las autoridades tienen la obligación constitucional de responder con claridad, coherencia y por escrito cualquier petición en materia político-electoral. La utilidad o pertinencia de la solicitud no es excusa para evadir el mandato. El intento del IEC por silenciar una demanda legítima no solo exhibe su falta de compromiso con la democracia, sino que lo posiciona como un obstáculo para el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos.

Abusos. En Monclova, la falta de preparación de algunos funcionarios municipales volvió a quedar en evidencia durante un reciente conflicto obrero, donde extrabajadores golpearon a un pasajero de transporte público sin que los policías municipales intervinieran de inmediato. La escena mostró a los elementos mirando pasivamente hasta que uno, tarde, decidió actuar. Este episodio deja claro que la instrucción del alcalde Carlos Villarreal de fomentar una “policía de proximidad” ha sido mal interpretada o convenientemente ignorada, pues mientras se muestran pasivos ante actos de violencia, sí continúan activos para otras artes como recibir “ayudas”, ahora incluso mediante transferencias bancarias.
A esto se suma la opacidad y abuso en servicios municipales, como en el Centro del Bienestar Animal, donde antes se ofrecía atención gratuita y ahora cobran montos elevados sin mostrar precios. El caso de una ciudadana que pagó más de mil pesos por la atención de su mascota, que finalmente murió, refleja cómo se ha distorsionado un servicio público. En resumen, en Monclova aún mucho que trabajar para abatir la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia que se heredó de administraciones anteriores.

Recaudación. En Nueva Rosita, el nuevo motivo de molestia ciudadana es el engomado de Ecología, un trámite que cuesta 298 pesos —198 para pensionados— y que, pese a su nombre, no implica una revisión ambiental real: si el vehículo no echa humo, “pasa”. La medida ha sido percibida como más recaudatoria que ecológica, y lo más preocupante es que ningún regidor ha cuestionado públicamente su implementación, lo que ha generado sospechas e inconformidad en redes sociales y en las charlas cotidianas. En Sabinas, el escándalo lo protagoniza el regidor del Partido Verde, Francisco “El Pollo” Rangel, quien fue captado en video protagonizando una pelea en su cantina “El Parral. A pesar del alboroto público, no hay sanciones ni pronunciamientos oficiales, lo que incrementa el malestar social ante la aparente impunidad. La ciudadanía cuestiona cómo figuras públicas con conductas cuestionables pueden seguir representando a la comunidad, mientras el silencio oficial solo alimenta la indignación. Será que el alcalde Chano Díaz hace que no ve con su compañero de partido.

Revisiones. Tras el operativo de inspectores de Petróleos Mexicanos en Piedras Negras y, cinco Aduanas fronterizas más del país para detectar “huachicol”, sorpresivamente este fin de semana “desaparecieron” los tanques pipas y estaciones temporales de descarga y carga de combustibles en la zona conurbada con Nava.
La revisión aleatoria incluyó puertos de Baja California, Coahuila y Tamaulipas, para verificar que la carga coincida con el pedimento aduanero, es decir que pagan impuestos por queroseno, aceites reciclados o residuos de petróleo, pero cruzan gasolinas o diésel.

Taxistas. La decisión del alcalde Jacobo Rodríguez González, de romper con el sistema de que pocas manos detenten la gran mayoría de concesiones para taxis, ha generado escozor y jaloneos en el gremio, tan es así que en la propia oficina de Rodríguez González y sala de cabildo de taxistas que exigen que ya se les permita pagar refrendos para seguir operando en el pasado. Habrá que seguir con atención si realmente el presidente municipal logra su intención de que los propios conductores sean los concesionarios.
En la misma tesitura de querer cambiar con celeridad, el Edil ordenó una revisión de expedientes en Catastro, para ordenar y corroborar que toda compra venta de terrenos esté legalmente escriturado, que no haya ilícito alguno; lo que tiene nerviosos a más de uno.
Otro que está en el “ojo del huracán” es el gerente de SIMAS, Lorenzo Menera Sierra, quién ordenó una revisión al área de “cuotas fijas”, que son personas que pagan tarifa mínima, y encontró que 4,500 usuarios gozan de este privilegio, la mayoría funcionarios y ex funcionarios. Sin embargo, el Sistema emitió una facturación alta con cifras de hasta cinco números, lo que obligó a convocar a medios para “pedir disculpas” a usuarios por los recibos de 100 y hasta 280 mil pesos, rogando que no vayan a manifestarse a la oficina.

En el Cabildo de Torreón, un extraño cambio les ha ocurrido a los regidores de Morena y PT quienes apenas menos de 100 días en el cargo ya han evitando cualquier tipo de crítica o cuestionamiento al alcalde Román Alberto Cepeda González. Lo que al inicio fue una postura crítica y fiscalizadora por parte de algunos ediles, ahora ha sido sustituida por elogios, aplausos y silencios convenientes durante comisiones y sesiones. La sospecha es que temen perder el fondo de gestión, un recurso clave en sus actividades, por lo que prefieren mantenerse en línea y disfrutar de los beneficios de estar bien con el presidente municipal.

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