El gobierno argentino genera controversia por lenguaje despectivo hacia personas con discapacidad
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), dependiente del Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, generó controversia al calificar a personas con discapacidad con términos despectivos como "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales" en la Resolución 187/2025.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), dependiente del Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, ha generado gran controversia al calificar a personas con distintos grados de discapacidad como "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales" en una resolución oficial publicada en el Boletín Oficial. La normativa, que establece los criterios médicos para medir la invalidez laboral, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que consideran que estas clasificaciones refuerzan estigmas históricos y violan los derechos de las personas con discapacidad.
Terminología despectiva
Los términos despectivos aparecen en el Anexo de la Resolución 187/2025, la cual define los criterios para quienes perciben pensiones no contributivas. Bajo el apartado de "Retardos Mentales", la norma clasifica a las personas según su nivel de discapacidad, indicando que quienes tienen debilidad mental profunda o mayor serían los que recibirían pensión. Estas categorizaciones han sido ampliamente difundidas y rechazas por organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que el 3 de febrero interpusieron un reclamo administrativo solicitando la derogación de la norma.
Organizaciones de Derechos Humanos
Agostina Quiroz, abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la ACIJ, explicó que la resolución reproduce y refuerza prejuicios históricos que agudizan la discriminación hacia las personas con discapacidad. Destacó que la resolución contraviene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional que tiene jerarquía constitucional en Argentina. Además, señaló que la norma utiliza un enfoque médico desactualizado, el cual no tiene en cuenta el modelo social de discapacidad, que pone el foco en las barreras sociales y ambientales que impiden la inclusión plena de las personas con discapacidad.
El modelo social de discapacidad
La ACIJ también emitió un comunicado en el que destacó que no existen personas “inválidas” para trabajar, sino que todas pueden hacerlo si se les brindan los apoyos necesarios. Para las organizaciones, la forma en que el Estado utiliza estos términos despectivos genera un daño profundo tanto en la construcción de identidad de las personas con discapacidad como en la percepción social de la comunidad en general. El lenguaje utilizado en la resolución refuerza estereotipos y barreras actitudinales que obstaculizan el camino hacia una sociedad más inclusiva y justa.
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