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Congreso desconoce si hay investigación a alcaldesa de Múzquiz

Fiscalía Anticorrupción no está obligada a notificar al Poder Legislativo sobre denuncias recibidas o investigaciones en curso.

Legislatura : Fiscalía Anticorrupción no está obligada a notificar al Poder Legislativo sobre denuncias recibidas o investigaciones en curso.
Penélope Cueto
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Saltillo, Coahuila.- La diputada Edna Dávalos Elizondo señaló que la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila no ha informado al Congreso del Estado sobre una posible investigación contra la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, a pesar de que se ha especulado sobre presuntas irregularidades en su administración toda vez que que la dependencia no está obligada a notificar al Poder Legislativo sobre denuncias recibidas o indagaciones en curso contra funcionarios o exfuncionarios por faltas graves.

 

La también coordinadora de la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública en el Congreso del Estado, destacó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó presuntas faltas administrativas graves en la anterior administración de Múzquiz y los señalamientos fueron turnados a la Fiscalía Anticorrupción.

 

“Conforme al procedimiento, en caso de identificarse alguna falta grave, la ASE turna la documentación correspondiente a la Fiscalía Anticorrupción, quien debe llevar a cabo una investigación y, de ser necesario, presenta la denuncia ante las autoridades competentes”, sostuvo.

 

Indicó también que la exalcaldesa aún tiene la posibilidad de solventar las observaciones emitidas por la ASE, con lo cual quizá podría quedar todo cubierto.

 

Además, informó que en 2024 el Congreso del Estado recibió una denuncia presentada por los regidores del cabildo anterior en la que se detallan situaciones como la venta de vehículos municipales y otros temas relevantes, por lo que fue turnada a la Comisión de Auditoría para revisión y dictamen.

 

Finalmente, Dávalos mencionó que durante la administración pasada en Múzquiz se realizaron pagos con recursos federales. No obstante, aclaró que su fiscalización corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no a la del estado.

 

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