Claudia Sheinbaum confirma investigación por caso Sandra Domínguez

Tras el hallazgo de la activista Sandra Domínguez y su esposo sin vida en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su pesar y anunció investigaciones en curso.
Sandra Domínguez, activista de Oaxaca, y su esposo Alexander Hernández fueron encontrados sin vida en Veracruz el 4 de mayo. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el hecho durante su conferencia en Palacio Nacional, asegurando que las autoridades ya investigan el caso.
La activista oaxaqueña Sandra Domínguez, reconocida por su labor en defensa de los derechos de las mujeres, fue hallada muerta junto a su esposo, Alexander Hernández, en el estado de Veracruz el pasado domingo. La noticia fue confirmada por autoridades locales y retomada por medios nacionales.
Este lunes 5 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde expresó que se trata de un hecho “muy doloroso”. La mandataria confirmó que el gobierno federal, a través de las instituciones de seguridad, ya trabaja en varias líneas de investigación.
Aunque no se han revelado detalles oficiales sobre las causas del homicidio, el caso ha generado gran indignación entre organizaciones civiles, al recordar que Domínguez había denunciado públicamente amenazas e intimidación en el ejercicio de su activismo.
El esposo de la activista también era conocido en su comunidad por su participación en temas sociales. Sus cuerpos fueron localizados en una zona rural del estado, y hasta el momento no hay personas detenidas.
Líneas de investigación y antecedentes del caso
Cuestionada por periodistas sobre los chats sexuales que Sandra Domínguez había expuesto en Oaxaca como parte de sus denuncias públicas, la presidenta respondió que “hay varias líneas de investigación abiertas”, sin confirmar si ese elemento forma parte de los móviles del crimen.
En semanas recientes, la activista había presentado pruebas que presuntamente involucraban a figuras públicas locales en situaciones de acoso y corrupción, lo que generó controversia en medios y redes sociales.
La mandataria señaló que se dará seguimiento puntual al caso y que el gobierno federal colabora con las fiscalías locales para garantizar justicia. "Es responsabilidad del Estado esclarecer estos crímenes", puntualizó Sheinbaum.
Además, la presidenta hizo referencia a otros casos emblemáticos, como el asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, ocurrido hace 13 años en el mismo estado de Veracruz. Sheinbaum no descartó reabrir el expediente de ese caso, como parte del compromiso del gobierno con la libertad de expresión y los derechos humanos.
Veracruz: foco de violencia contra activistas y periodistas
El estado de Veracruz ha sido identificado como una de las entidades con mayor índice de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos. Organizaciones como Artículo 19 y Amnistía Internacional han documentado una serie de ataques en la última década, con un alto índice de impunidad.
El homicidio de Sandra Domínguez revive la preocupación nacional por la seguridad de activistas y comunicadores, especialmente mujeres, quienes enfrentan riesgos constantes por su labor.
Durante la conferencia de este lunes, Sheinbaum reiteró que su administración trabajará para que este crimen no quede impune, y exhortó a la ciudadanía a confiar en las instituciones de justicia.
El caso ya ha comenzado a viralizarse en redes sociales, donde usuarios exigen justicia y protección efectiva a quienes ejercen la defensa de los derechos humanos.
Sandra Domínguez y el activismo en Oaxaca
Sandra Domínguez era una figura respetada en el ámbito del activismo social en Oaxaca, donde colaboraba con colectivos feministas y asociaciones comunitarias. Su trabajo incluía la denuncia de violencia de género, redes de trata y corrupción política.
Con más de una década de trayectoria, Domínguez había sido reconocida por su lucha incansable y había recibido amenazas desde 2022. Sin embargo, su caso no contaba con medidas de protección formal por parte del gobierno estatal.
Diversos colectivos exigen ahora al gobierno federal que se investigue el crimen a fondo, se garantice el acceso a la verdad y se implementen protocolos efectivos para prevenir nuevos ataques contra activistas.
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