Autoridades desconectan 718 cámaras ilegales en Sinaloa
Fuerzas federales y estatales retiraron 34 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en colonias populares de Culiacán, sumando 718 equipos desconectados en Sinaloa.
En un operativo conjunto, fuerzas federales y estatales retiraron 34 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en ocho colonias populares de Culiacán, Sinaloa. Estas cámaras, no conectadas al sistema oficial C4i, se suman a las 718 ya retiradas en la región, como parte de los esfuerzos para regular el uso de equipos de vigilancia en espacios públicos.
Fuerzas federales y estatales, incluyendo el ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y la Fiscalía General de la República, realizaron recorridos en ocho colonias populares de Culiacán: Antonio Toledo Corro, Antonio Nakayama, Barrancos, El Barrio, Los Huizaches, Las Huertas, Lázaro Cárdenas y El Palmito. Durante el operativo, localizaron y retiraron 34 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular por particulares.
Equipos retirados
Las cámaras retiradas incluyen modelos PTZ inalámbricas, con capacidad panorámica, inclinación y zoom, así como cámaras fijas alámbricas. Ninguna de estas cámaras estaba conectada al sistema oficial C4i, que cuenta con medidas tecnológicas avanzadas para evitar hackeos. Las autoridades reiteraron que la instalación de este tipo de equipos por particulares en espacios públicos es ilegal.
Este operativo se suma a las acciones realizadas el pasado 5 de marzo en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, en Culiacán, donde se retiraron 27 cámaras ilegales. En esa ocasión, se encontraron 4 cámaras PTZ inalámbricas y 23 cámaras fijas alámbricas en la zona conocida como "El Tamarindo". Al igual que en los operativos anteriores, no se encontró evidencia de que estas cámaras estuvieran conectadas al sistema C4i.
Desde que comenzaron estos operativos, las autoridades han retirado un total de 718 cámaras de videovigilancia ilegales en Culiacán, Mazatlán y Navolato. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para garantizar que el uso de equipos de vigilancia cumpla con las normativas y no represente un riesgo para la seguridad pública.
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