En un desafío claro a las políticas federales de la nueva administración, el alcalde de El Paso, Renard Johnson, y el jefe de la Policía de la ciudad, Peter Pacillas, anunciaron este miércoles que no asignarán a agentes municipales para la aplicación de leyes migratorias, argumentando la falta de personal y recursos.
El anuncio se produce un día después de que el Departamento de Justicia (DOJ) amenazara con procesar penalmente a funcionarios estatales y municipales que se nieguen a colaborar con las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, diseñadas para endurecer las políticas de inmigración.
No aplica leyes
“El Departamento de Policía de El Paso no aplica leyes de inmigración”, subrayó Pacillas.
El jefe policiaco explicó que la prioridad de la Policía local es trabajar en colaboración con las autoridades estatales y federales en delitos como el tráfico humano, de drogas y de armas.
Por su parte, Johnson destacó que El Paso es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos y animó a los residentes a continuar con sus actividades cotidianas. “El Paso es una comunidad cálida y acogedora. Seguiremos siendo un lugar seguro para todos nuestros habitantes”, afirmó.
Impacto económico y preocupación comunitaria
El alcalde también expresó su preocupación por el impacto económico de las políticas de la administración Trump, incluyendo la amenaza de imponer aranceles del 25% a productos provenientes de México. “El comercio transfronterizo genera miles de millones de dólares y es esencial para nuestra región. Estas medidas afectarán negativamente a consumidores y empresas”, advirtió.
La decisión de no cooperar con las deportaciones masivas también responde a preocupaciones humanitarias. En una ciudad donde uno de cada cuatro residentes es inmigrante, muchos de los cuales son indocumentados, las redadas migratorias generan temor en comunidades de estatus mixto, incluyendo niños nacidos en el país con padres indocumentados.
Va en contra de los vapeadores
“Abrir la puerta a redadas en lugares como escuelas, hospitales e iglesias erosiona la confianza y va en contra de los valores de nuestra comunidad”, señaló Aimée Santillán, analista de políticas del Hope Border Institute.
Mientras tanto, al otro lado de la frontera estatal en Nuevo México, el fiscal general Raúl Torres emitió una guía para proteger los derechos de las comunidades vulnerables y mitigar el impacto de las acciones de inmigración. Torres enfatizó que las operaciones de seguridad deben enfocarse en criminales peligrosos y no en familias ni individuos vulnerables.