1 de cada 4 casas en abandono permanece en riesgo de invasión
En México, miles de viviendas abandonadas están siendo ocupadas ilegalmente por invasores, mientras autoridades buscan soluciones legales para regularizar estos casos.
En el país, el abandono de viviendas ha generado un problema creciente de ocupaciones ilegales. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 6 millones de viviendas están deshabitadas. La plataforma Tuhabi, especializada en el mercado inmobiliario, estima que al menos el 25% de estas propiedades podrían estar ocupadas por personas sin derecho legal, conocidos como paracaidistas, es decir 1 de cada 4 viviendas abandonadas podrían estar allanadas.
Este fenómeno afecta tanto a zonas urbanas como rurales. Las razones detrás del abandono van desde problemas económicos hasta migración o fallecimiento del propietario, lo que deja espacio para ocupaciones sin autorización legal.
Localidad.
En ciudades como Monclova, Coahuila, esta realidad no es ajena. Colonias como Las Moritas, Colinas de Santiago, la Esperanza, entre otras., presentan casos en los que viviendas sin habitar o los predios han sido tomadas por personas que no cuentan con la propiedad legal.
Terrenos invadidos en Monclova buscan ser regularizados.
En algunos casos, las autoridades han optado por facilitar acuerdos entre propietarios legales e invasores, con el fin de evitar conflictos prolongados y regularizar la situación. Un ejemplo representativo es la colonia irregular conocida como “Las Moritas”, donde los habitantes y el propietario del terreno buscan llegar a un acuerdo.
Javier González, delegado de la Comisión Estatal para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC), informó que actualmente se trabaja en la regularización del lote 23, que abarca alrededor de 16 colonias. En una de ellas, La Esperanza, ya se logró un convenio y se inició el proceso de escrituración.
“Nosotros entramos a ver negociaciones con los vecinos y los apoyamos, somos una dependencia que tiene facultades y descuentos para poder llegar a una negociación en donde al dueño no le cueste tanto y no le repercuta a la gente para que le compre”, explicó González.
Cómo recuperar legalmente una vivienda invadida.
De acuerdo con las leyes del Estado de Coahuila, el propietario de una vivienda invadida debe seguir un proceso legal para recuperar su inmueble. Este procedimiento incluye: Presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público por allanamiento. Aportar pruebas de la legítima propiedad del bien inmueble. Solicitar el desalojo legal de los ocupantes ante un juez civil, lo cual puede tomar tiempo si los paracaidistas alegan tener derechos adquiridos por permanencia prolongada.
A pesar de tratarse de ocupaciones ilegales, en algunos casos los invasores pueden alegar posesión pacífica y continua, lo que complica el desalojo. Esta situación ha llevado a que algunas autoridades promuevan acuerdos en lugar de litigios.
Un claro ejemplo de cómo situaciones de este tipo pueden terminar en desgracias, es el de la comunidad de San Miguel de Allende, donde una mujer de 72 años fue detenida en abril de este año tras ser señalada como responsable de la muerte de tres personas que presuntamente habían invadido su vivienda abandonada. De acuerdo con reportes de la fiscalía local, la señora, identificada como María “N”, había regresado a su propiedad luego de varios meses fuera por motivos de salud, encontrando la casa ocupada por una familia que se negó a desalojar. Las autoridades investigan el caso como homicidio en legítima defensa, mientras vecinos declararon que la víctima había denunciado previamente la invasión sin recibir respuesta por parte de las autoridades.
¿Cuánto cuesta recuperar tu vivienda allanada?
El proceso legal para que un propietario recupere una vivienda o predio invadido en Coahuila puede implicar diversos costos, dependiendo de la complejidad del caso y los servicios requeridos. Según la Ley que Establece el Arancel para el Cobro de Honorarios de los Abogados en el Estado de Coahuila, los honorarios de los abogados se convendrán de común acuerdo entre quien presta el servicio y quien lo recibe; a falta de dicho convenio, se estará a lo que establece dicha ley.
En términos generales, los honorarios de abogados para procesos de desalojo pueden oscilar entre $7,000 y $22,000 pesos mexicanos, dependiendo de factores como la duración del proceso y la complejidad del caso. Además, pueden surgir costos adicionales, como peritajes, que en promedio pueden costar alrededor de $5,000 pesos.
Es importante destacar que el Instituto Estatal de Defensoría Pública de Coahuila ofrece asesoría y representación legal gratuita para aquellos que cumplen con ciertos requisitos, lo que puede ser una opción para propietarios que enfrentan dificultades económicas.
CERTTURC promueve acuerdos.
El objetivo de la CERTTURC es facilitar que los terrenos invadidos puedan ser vendidos directamente por los dueños a quienes los ocupan, con descuentos y sin aplicar impuestos ni cargos adicionales.
Aunque no se trate de viviendas construidas, muchos de estos predios invadidos han sido utilizados como hogar por años. Este proceso permite a los paracaidistas convertirse en propietarios legítimos mediante la escrituración formal, mientras que el dueño original recibe una compensación sin tener que enfrentar largos procesos legales. El organismo actúa como mediador legal, generando convenios que beneficien a ambas partes, lo que ha resultado en avances significativos en colonias como La Esperanza.
Necesaria una política integral para viviendas abandonadas.
Aunque las acciones de CERTTURC representan una solución parcial, el fenómeno revela la necesidad urgente de una política pública nacional que atienda el abandono de vivienda, facilite la reactivación del parque habitacional y evite que se perpetúen las ocupaciones ilegales. La falta de sanciones contundentes y de mecanismos efectivos para la recuperación de propiedades ha generado un entorno propicio para las invasiones. Propietarios legítimos enfrentan obstáculos legales y económicos para reclamar lo que les pertenece.
El llamado es a que tanto autoridades como ciudadanos actúen con responsabilidad: evitar invasiones, denunciar ocupaciones ilegales y buscar regularizaciones cuando sea posible, con acompañamiento de instancias como CERTTURC.
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