Y ¿dónde está la presidenta de la Comisión de Víctimas?

El único día en que la funcionaria estaba presente en su oficina, se negó a dar la entrevista y pidió que le enviaran las preguntas por correo.

Saltillo, Coahuila, MÁS. – Mientras que las víctimas y sus familiares gastan miles de pesos para pagar asesoría jurídica y representación legal, la presidenta de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), Magdalena López, no ha estado presente en su oficina durante 8 días en los que este medio informativo intentó entrevistarla.

Más información se presentó en 8 ocasiones en diferentes días en las oficinas de la CEAV, ubicadas en la colonia República en Saltillo, sólo en una ocasión la recepcionista aseguró que la funcionaria estaba presente, el resto de los días el personal de la dependencia dijo que la funcionaria no estaba.

El único día en que la funcionaria estaba presente en su oficina, se negó a dar la entrevista y pidió que le enviaran las preguntas por correo.

El objetivo de la entrevista es conocer y difundir la posición de la CEAV respecto a  los testimonios de víctimas que no han podido hacer valer su derecho de acceder a una representación legal gratuita.

Según el artículo 11 sección 5 de la Ley de Víctimas del Estado, estas tienen derecho “a recibir asesoría jurídica profesional gratuita desde el inicio de la investigación y juicio para la defensa de sus intereses, en todos los actos en que deba intervenir para la defensa de sus derechos, cuando así lo solicite”.

De igual manera, el capítulo octavo de la misma ley la Comisión Ejecutiva garantizará información y asesoría legal completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho a través de la Asesoría Jurídica Estatal.

No obstante, existen casos en los que las víctimas no han podido hacer valer su derecho, como Minerva, madre de Víctor quien fue asesinado en noviembre de 2023 en Saltillo, quien señaló que fue atendida de una manera grosera en la comisión y no recibió la ayuda solicitada por parte del personal.

Ante ello tuvo que realizar diversas actividades para reunir una gran suma de dinero que le permitirá pagar a un asesor jurídico de carácter privado.

El Artículo 9, sección 7 de la Ley de Víctimas del estado, señala que éstas tienen derecho a “conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente”, sin embargo, Carmen, mamá de Olga, víctima de feminicidio en enero de 2021, señaló que en tres años no ha podido obtener justicia para su hija y responsabilizó de parte de ello a la asesoría jurídica del CEAV, pues no ha dado el seguimiento oportuno al caso y no se ha puesto en contacto con la familia.

Ante dichas violaciones a los derechos de las víctimas, esta reportera solicitó por ocho días una entrevista con Magdalena López, sin embargo, en la mayoría de las visitas se informó que esta no se encontraba, pues tenía una agenda ocupada con reuniones.

Cabe recalcar que se visitó el edificio en diferentes horarios y durante siete días se recibió la misma respuesta; solo el pasado 10 de abril, se informó que a pesar de que la presidenta sí se encontraba, esta estaba muy ocupada y con instrucciones de no ser interrumpida.

Asimismo, tras una consulta realizada en internet no fue posible encontrar registro de que en alguna ocasión haya atendido a la prensa, salvo el 20 de agosto de 2019, cuando ofreció una breve entrevista.

INJUSTICIA

Durante los últimos meses al menos 5 manifestaciones han surgido en la capital bajo una misma exigencia:  acceso a la justicia en Coahuila.

La familia de Valentina, tomo las vialidades aledañas al edificio del Poder Judicial Federal en Saltillo luego de que fuera emitido un amparo por este que pretendía la libertad condicional de su agresor y responsable de que decidiera terminar con su vida a los 11 años, sin tomar en cuenta que el imputado ya cuenta con una condena de 40 años por abuso sexual a una segunda víctima.

De igual manera, la familia de Víctor, cerró la vialidad donde se encuentra el edificio del Poder Judicial de la Federación luego de que también se emitiera un amparo para otorgar libertad condicional al presunto asesino, lo cual no fue notificado a su familia.

El 8 de marzo, la marcha fue encabezada, entre otros casos por la familia de Olga, pues no se ha hecho justicia en el caso y las audiencias se han ido postergando sin explicación alguna.

Si bien las situaciones son distintas, todas están relacionadas con casos en materia penal en las que los victimarios han sido beneficiados por el poder judicial estatal y federal, obstaculizando el derecho a la justicia de las víctimas.

Parte de ello está relacionado con el acceso a una representación legal gratuita, pues mientras a los victimarios se les asigna un defensor de manera casi automática, las familias tienden a atravesar por un calvario para poder garantizar su derecho ya sea por falta de atención, de información o de recursos.

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