En Coahuila, familiares de las víctimas luchan por justicia mientras enfrentan dificultades para acceder a una defensa legal adecuada, contrastando con las mejores condiciones de los victimarios. madres como minerva han tenido que organizar rifas y pedir donativos para pagar abogados.
Saltillo, Coahuila, MÁS. – En Coahuila, los victimarios que enfrentan un proceso legal en su contra cuentan con mejores condiciones jurídicas que las víctimas, quienes no han podido acceder a una defensoría legal adecuada ante la falta de atención, información y recursos.
Además de ello, las madres de las víctimas se han visto en la necesidad de salir y tomar las calles para poder ser escuchadas, pues son muchos los obstáculos que han tenido que enfrentar.
Tal es el caso de Minerva, madre de Víctor, el joven asesinado en noviembre de 2023 en la colonia Saltillo 2000; según señalo, tras el asesinato de su hijo y ante la falta de acceso a una defensoría, tuvo que realizar rifas y pedir donativos para contratar a un abogado que la representara.
Fue a inicios del mes de diciembre cuando solicitó el derecho a una representación jurídica gratuita a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) de Coahuila, en donde señaló que, además de no obtener respuesta alguna, la atención no fue la adecuada, pues fueron irrespetuosos al no prestar importancia o atención a lo que ella pedía.
Ante ello, se presentó en la Secretaría de Gobierno en donde fue atendida por Violeta Tello, jefa de la Oficina de Óscar Pimentel, quien le garantizó una ayuda que tampoco llegó.
Finalmente, se presentó en las instalaciones del Poder Judicial en donde le dijeron que ahí no podían ayudarla, por lo que tuvo que resignada y cansada de buscar, opto por contratar a un asesor jurídico por su cuenta al que ha pagado hasta el momento alrededor de 70 mil pesos “a base de sacrificios”.
Minerva señala que en ninguno de los lugares a los que acudió en busca de ayuda, así como en el Ministerio Público, se le informó a qué lugar, dependencia o edificio debería de acudir para obtener una representación legal gratuita.
Además de ello, la familia de Víctor se manifestó a las afueras del edificio del poder judicial luego de que la Jueza María Magdalena Hipólito Moreno otorgara el cambio de medida cautelar a un arresto domiciliario a Jonathan “N”, imputado por el delito de homicidio calificado.
La madre de la víctima señaló que no había sido notificada de dicho cambio y desconocía hasta hace unos días que la persona acusada del asesinato de su hijo se encontraba bajo libertad condicional. Actualmente, se encuentra a la espera de una nueva audiencia, pues señaló que esta ha sido pospuesta ya dos veces.
Carmen, mamá de Olga, quien fue asesinada por Carlos “N” en enero de 2021, señaló que en tres años no ha podido obtener justicia para su hija y responsabilizó de parte de ello a la asesoría que le fue otorgada por el Poder Judicial Estatal, pues no ha dado el seguimiento oportuno al caso.
Según mencionó, al inicio del proceso legal, el abogado actuó conforme a lo esperado; sin embargo, este se ha alargado por más de tres años y actualmente pareciera que se le ha restado importancia, pues no se ha puesto en contacto con la familia.
“Lleva tres años y no ha arreglado nada, no le han dado sentencia, no se ha avanzado. El asesino pide que se reclasifique el delito que sea homicidio culposo y es feminicidio”, señaló.
Por su parte, Rocío, mamá de Evelyn Aidé asesinada en octubre de 2022, señaló que le fue asignado un representante jurídico en la CEAV quien ha llevado el caso de acuerdo con lo esperado.
Sin embargo, Rocío sigue en la búsqueda de la justicia por su hija pues, aunque el imputado acepto su culpabilidad, a más de un año no se ha emitido una sentencia debido a que no se ha asignado un juez para ello, según refirió la madre de la víctima.
