El objetivo es investigar y sancionar la intervención del presidente, así como la influencia del crimen organizado.
La senadora enfatizó que su acción no busca la anulación de la elección, sino que se imponga una sanción al mandatario por su intromisión en el proceso electoral. Presentó un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para aportar pruebas a la calificación presidencial, buscando que el tribunal considere sus argumentos.
Gálvez señaló que las elecciones del 2 de junio fueron afectadas por prácticas que no garantizaron un proceso limpio y equitativo, destacando el uso del aparato estatal para favorecer a la candidata oficial Claudia Sheinbaum. Criticó que, a pesar de más de 50 "tarjetas amarillas", equivalentes a faltas graves en otros contextos, el presidente continuó con su intervención en el proceso electoral.
Además, la senadora solicitará al Tribunal Electoral investigar el uso de recursos públicos en la campaña de Sheinbaum, señalando que el presidente utilizó programas sociales como propios y amenazó con retirarlos si otro partido ganaba. En su documento entregado al Instituto Nacional Electoral (INE), Gálvez recordó cómo López Obrador utilizó las conferencias matutinas como plataforma para promover la candidatura de Sheinbaum, actuando como un "jefe de campaña" desde antes del inicio oficial del proceso electoral.
Finalmente, exhortó a las autoridades electorales a emitir garantías de reparación y evitar la repetición de intervenciones similares en futuros procesos, considerando estas prácticas como parte del modelo de comunicación política del partido Morena.
