Villa Unión y Guerrero no podrán cobrar impuestos por permisos de hidrocarburos
La corte determinó que estas disposiciones violaban el Artículo 73 de la Constitución, que otorga a la federación la autoridad para legislar la explotación de minerales y sustancias.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión importante al invalidar disposiciones de las leyes de ingresos de Villa Unión y Guerrero, municipios de Coahuila, para el ejercicio fiscal 2024.
En concreto, se anuló el Artículo 18, fracciones XII y XIII, de la Ley de Ingresos de Villa Unión, así como el Artículo 21, fracciones XXX y XXXI, de la Ley de Ingresos de Guerrero, las cuales habían sido expedidas mediante los decretos 634 y 609, publicados el 22 de diciembre de 2023.
Medidas. Las disposiciones en cuestión preveían el cobro de derechos por la expedición de permisos relacionados con la construcción y remodelación de pozos destinados a la extracción de hidrocarburos. Sin embargo, la Corte determinó que estas medidas invadían la competencia del gobierno federal, como lo establece el Artículo 73 de la Constitución, que otorga a la Federación la autoridad para legislar sobre la explotación de minerales y sustancias, incluyendo los hidrocarburos.
Explotación. El Pleno de la Corte argumentó que, aunque las disposiciones no estipulaban directamente un cobro por la explotación de hidrocarburos, sí establecían pagos por permisos de construcción y remodelación de pozos, que están directamente relacionados con las actividades de exploración y extracción de estos recursos. Estas actividades están reguladas por las fracciones XIV y XV del Artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, reafirmando así la competencia federal en este ámbito. La invalidez de estas disposiciones no tendrá efectos retroactivos, lo que significa que no afectará a los cobros realizados antes de la resolución. Sin embargo, la decisión comenzará a tener efecto a partir de la notificación a los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila, así como a los municipios implicados, que son responsables de aplicar las leyes de ingresos que han sido invalidadas.
Esta decisión de la SCJN refuerza la claridad sobre el marco legal en torno a la explotación de hidrocarburos en México, subrayando la importancia de mantener la competencia federal en un sector clave para la economía del país. La Suprema Corte reafirma el principio de que la regulación de los recursos naturales.
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