La Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una resolución del Tribunal Electoral de Coahuila (TEEC), instruyendo que se revisen nuevamente las pruebas presentadas por el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre la posible intervención del alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, en el proceso electoral para la alcaldía.
El objetivo es determinar si sus acciones justifican la anulación de la elección.
El Tribunal Estatal había desestimado previamente la impugnación del PRI, que formaba parte de la coalición “Alianza por la Seguridad Ciudadana” con UDC y PRD, y validó el triunfo de Félix Ramírez, candidato de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" de Morena y PT. El PRI argumentó que hubo irregularidades antes y durante la jornada electoral, incluyendo supuestas acciones del alcalde que afectaron la equidad del proceso y la libertad del voto, creando un ambiente de presión para favorecer a Morena.
El Tribunal de Coahuila determinó que, aunque se reconocían algunos actos de presión, como las retenciones ilegales de tres ciudadanos, estos no afectaron de manera decisiva el resultado de la elección. Tampoco se encontró evidencia de uso indebido de recursos públicos o de intimidación a través de las transmisiones en vivo del alcalde, ya que estas se realizaron desde su cuenta personal de Facebook, no desde la oficial del ayuntamiento.
Sin embargo, la Sala Regional de Monterrey consideró que el Tribunal Local no evaluó por completo todas las alegaciones del PRI, especialmente en lo que respecta a la violación del voto libre y la equidad en la contienda. También señaló que, aunque el alcalde no utilizó recursos públicos de manera directa, su rol como coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición "Juntos Haremos Historia", pudo haber influido indebidamente en el proceso electoral.
Por lo tanto, se ordenó al Tribunal de Coahuila emitir una nueva resolución en la que se aborden todos los puntos planteados sobre la vulneración de principios constitucionales y se notifique su decisión a las partes implicadas.