Saltillo, Coahuila, MÁS. – Hasta el Congreso llegaron, como lo habían advertido las coaliciones PRI-PRD-UDC y Morena-PT, las acusaciones por los incidentes electorales en las campañas que se desarrollan en Múzquiz por la alcaldía y solicitar a los árbitros electorales y autoridades estatales poner orden y brindar seguridad a la ciudadanía.
El grupo parlamentario tripartidista exhortó a la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, “poner fin a los actos de represión política, abuso de autoridad y violación de los derechos humanos que está ejerciendo en contra de la población que no simpatiza con su partido”.
Ello con el objetivo de “que la comunidad pueda transitar en paz y con seguridad la última etapa del proceso y tengan la certeza y tranquilidad de que contarán con un ambiente de garantía de respeto al ejercicio de sus derechos políticos electorales el 2 de junio”, exhorto que fue turnado a la Comisión de Gobernación.
Otra propuesta del equipo PRI-PAN-PRD fue la invitación a las personas encargadas de la secretaría del ayuntamiento y de la policía de Múzquiz a rendir un informe sobre la detención del Roberto Carlos Briones y, en su caso, se proceda a la investigación y sanción contra los elementos responsables por los hechos de amedrentamiento y represión en aquella localidad, también turnada a la Comisión de Gobernación.
Mientras que el PT en voz del diputado Antonio Flores Guerra pidió a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de la República la presencia de la Guardia Nacional en la entidad antes, durante y después de la jornada electoral.
Ello, dijo, debido al abuso que se ha vivido en elecciones anteriores por parte las fuerzas de seguridad local, pues el propósito es resguardar la seguridad de los electores y puedan emitir su voto de manera libre, directa y secreta, curiosamente enviada a la Comisión de Seguridad legislativa.
Otra proposición de Flores Guerra fue el exhorto al Gobernador del Estado, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al Fiscal General del Estado y al Titular del Poder Judicial “para que en todas y cada una de las etapas del proceso electoral 2024 desempeñen sus funciones dentro de un marco de legalidad y respeto”.
Asimismo, solicitó instruir a las fuerzas policiacas, agentes del ministerio público, policía de investigación, magistrados y jueces abstenerse de cometer violaciones a los derechos humanos y políticos de la ciudadanía y las candidaturas.
Además de “evitar detenciones arbitrarias en contra de la ciudadanía que abiertamente muestra su preferencia electoral por partidos políticos o candidaturas distintas al Revolucionario Institucional”, también fue enviada a comisiones.
Al final de cuentas, y en lo que podría considerarse como llamaradas de petate según algunos políticos asistentes a la sesión, las propuestas del PRI-PAN-PRD y PT prosperaron, pero fueron turnadas a comisiones y emitir un dictamen posterior.