Se eliminó la prisión preventiva oficiosa, pero no la justificada
Se confirmó por parte del pleno regional penal.
Después de que el pleno regional en materia penal de la región centro norte aprobara una jurisprudencia que elimina la prisión preventiva obligatoria en 18 estados de la república, incluyendo Coahuila y Nuevo León, el coordinador de agentes del ministerio público, Rogelio Gómez Rodríguez, explicó que existen dos tipos de prisión: la oficiosa y la justificada.
En el caso de la prisión preventiva justificada, se excluye la oficiosa, pero será un juez quien decida esta situación. En los casos de prisión preventiva justificada, será el ministerio público quien la solicite al juez después de contar con los datos de prueba suficientes por algún delito cometido.
Por ejemplo, si un robo se cometió con violencia o con algún tipo de arma y se puso en peligro a la víctima, es ahí cuando solicitamos la prisión preventiva justificada, explicó el funcionario.
Proceso. En una resolución de la Corte Interamericana en el año 2022, se llegó a esta conclusión y se consideran las dos vertientes de la prisión preventiva: la oficiosa y la justificada.
Por lo tanto, ahora lo que estamos haciendo al presentar a algún detenido ante un juez es reunir primero los datos de prueba para poder justificar la detención. Esta decisión ha generado debate y opiniones encontradas.
Algunos sectores de la sociedad ven esta medida como un avance en materia de derechos humanos y justicia penal, ya que se busca evitar que personas sean privadas de su libertad de manera automática y sin un análisis detenido de las circunstancias de cada caso.
Sin embargo, también existen preocupaciones sobre cómo esta medida podría afectar la capacidad del sistema de justicia para garantizar la seguridad pública y proteger a las víctimas de delitos graves. En este sentido, es importante que las autoridades judiciales y el ministerio público ejerzan un criterio responsable al solicitar y conceder la prisión preventiva justificada, asegurándose de que se respeten los derechos de todas las partes involucradas y se garantice un proceso penal justo y equitativo, según la declaración.
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