Ante Protección Civil, los responsables del lugar reconocieron no contar con la inspección ni autorización de la autoridad.
El anexo de rehabilitación fue cerrado por autoridades por quejas de maltrato y abuso; reabrió otra vez.
El centro Sanaréh opera sin los debidos permisos nuevamente, ahora en la avenida Montessori, luego que hace cuatro meses fue cerrado por irregularidades, a la nueva dirección se dirigía Protección Civil a dejarle un aviso de advertencia de que cumplan, sin embargo, los propietarios Rodolfo Zamora y Vicente Mancha, agredieron a los reporteros quienes habían llegado poco antes y esperaban en el lugar a la autoridad.
La pareja de esposos, arrebataron el celular a una reportera y lo aventaron a la hierba, a otra la forzaron del brazo y mano, provocándole daño debido a que la reportera está convaleciente de una operación en su extremidad. A un fotógrafo, el propietario del anexo lo provocó al grabarlo con su celular muy cerca de la cara, quitándole la visión.
En el momento en que llegó Protección Civil, que provenían de revisar otro anexo en la zona centro y que este lunes venció el plazo para que cerrara, los propietarios seguían agrediendo a los reporteros gritándoles e incitando a la violencia al retarlos a que les pegaran.
Ante Protección Civil, los responsables del lugar reconocieron no contar con la inspección ni autorización de la autoridad.
Con información de la dirección de Desarrollo Urbano, tampoco cuenta con los permisos correspondientes de uso de suelo y apenas la tarde del lunes metieron la solicitud.
Luego de las agresiones y de hablar con el encargado de Protección Civil, los esposos se retiraron, pero dejaron a un interno grabando a los comunicadores y tomándoles fotos para intimidarlos.
En el lugar, se observa una vivienda cerrada con muros, con desnivel, sin anuncios visibles, sin embargo, opera como anexo de presunta rehabilitación de hombres contra las drogas y vicios, como el que operaban en el bulevar Benito Juárez, el cual fue cerrado por las autoridades ante denuncias formales ante la Fiscalía y quejas de los familiares de los internos por abusos, tortura y hacinamiento, que fueron demostradas por las familias con fotografías de cómo dormían en el piso, uno enseguida de otro, sin espacios, no les daban de comer de lo que los familiares les llevaban y eran golpeados. Todo ello, provocó que hubiera un escape masivo de los internados en abril y otras esporádicas de quienes lograban escapar y narrar lo que vivían ahí de abusos al ponerles castigos infames, dejarlos sin comer y más cosas.
Muerte. Incluso, el padre del interno, David Raymundo Rubio, quien falleció al salir del centro, culpó de su muerte a los propietarios del mismo, porque le entregaron a su hijo en muy malas condiciones e inconsciente, por lo que ya no se pudo recuperar. Narró que su hijo recibió mala atención en dicho lugar, e incluso, durante sus últimos días de estancia, permaneció enfermo sin ningún tipo de atención, lo que le provocó una baja de peso notoria, lo que posiblemente haya sido un factor detonante para causarle la muerte. Familiares expusieron violación a los derechos humanos.
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