Las bancadas mayoritarias del PAN y el PRI en el Congreso local, en su momento impulsaron la mencionada reforma.
En el plazo límite que le exigió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, publicó ayer el decreto aprobado por el Congreso local, mediante el cual la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, adscrita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, deberá transferirse a la Fiscalía General de Justicia del Estado.
A la par de la resolución de la Suprema Corte que dio al gobernador un plazo de 15 días que vencían hoy, para publicar el decreto 196 del Congreso, aprobado en 2022, para que la UIFE pase a ser parte de la Fiscalía, que es un órgano autónomo, el lunes la Legislatura Local, a través de la Comisión de Estudio Previo, desechó por extemporáneo e improcedente, el veto que el mandatario estatal había presentado contra la mencionada reforma, señalando que el Legislativo pretendía quitar atribuciones al Poder Ejecutivo.
Las bancadas mayoritarias del PAN y el PRI en el Congreso local, en su momento impulsaron la mencionada reforma, como reflejo de las diferencias que han mantenido desde hace dos años con Samuel García, bajo el argumento que la UIFE era utilizada como un mecanismo para amedrentar a los opositores.
García Sepúlveda, expresó el panista, estaría apostando “a que en el siguiente proceso electoral -a realizarse el dos de junio-, él pudiera tener el control del Congreso y poner todos a modo”.
Respecto a la publicación del decreto sobre la transferencia de la UIFE a la Fiscalía General de Justicia del Estado, mencionó De la Fuente, mencionó que Samuel García declaró que sí publicaría el mencionado acuerdo legislativo, pero advirtió que presentaría otro recurso, para que dicha unidad financiera permanezca como parte del aparato gubernamental, lo cual estaría por verse.
