Saltillo se enfrenta a recortes federales
Obras públicas y prestaciones, incluyendo pagos a Policía, Bomberos y Protección Civil, están garantizados.
El Gobierno Federal aplicó recortes por 150 millones de pesos al presupuesto del municipio de Saltillo, lo que obligó a la administración municipal a realizar una reingeniería financiera para cumplir con los compromisos de obra pública y garantizar el pago de aguinaldos y otras prestaciones a los trabajadores del Ayuntamiento.
A pesar de la disminución en las participaciones federales, el tesorero Juan Carlos Villarreal Garza aseguró que la gestión municipal cerrará con finanzas sanas y sin deudas. Destacó que la reducción representa un 15% menos de lo esperado para 2024, situación que calificó como injusta para una ciudad que lidera en competitividad a nivel nacional.
En espera. Villarreal Garza informó que algunos recursos llegarán hasta el próximo año y en otros casos, se notificó que los fondos “no van a llegar”. A pesar de lo anterior, el tesorero destacó que Saltillo no tendrá deuda pública y mantienen la esperanza de que los recortes se detengan, ya que este año la Federación redujo un porcentaje significativo del presupuesto destinado a la capital.
Son un hecho. Aseguró que el pago de obras públicas en el Tercer Maratón de Obras, así como las prestaciones de todos los trabajadores, incluyendo personal de Policía, Bomberos y Protección Civil se encuentran garantizadas.
Compromiso. Finalmente, Villarreal Garza destacó que el equipo de transición del alcalde electo, Javier Díaz, trabaja en conjunto con la administración actual para entregar finanzas sanas, respaldadas por calificaciones positivas de certificadoras internacionales. Un déficit en el presupuesto federal en Coahuila (o en cualquier estado) puede ser problemático por varias razones, ya que implica que los gastos superan los ingresos disponibles. Esto puede afectar tanto a la economía del estado como a la calidad de vida de sus habitantes. Aquí tienes un análisis de por qué un déficit es preocupante: Se podrían retrasar o cancelar proyectos esenciales como carreteras, hospitales, escuelas, o servicios básicos.
La calidad de servicios como salud, educación y seguridad puede deteriorarse por falta de recursos.
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