La secretaria de Seguridad dijo que fue para cuidar a la población, a las instrucciones de seguridad y evitar el escarnio de gobiernos extranjeros.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodriguez, reconoció que si se demoraron en cumplir la orden de un juez para liberar a Abraham Oseguera Cervantes “Don Rodo”, hermano de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue para cuidar a la población, a las instrucciones de seguridad y evitar el escarnio de gobiernos extranjeros.
“Aunque el juez había dado un ultimátum de tres horas, se determinó no acatar de inmediato para copiar toda la información y proteger la dignidad del Estado mexicano, aunque esto último haya implicado el castigo de dos multas de 25 mil pesos que pagaremos, pues consideramos que era mejor esperar, a ser víctima del escarnio de parte de gobiernos extranjeros”, dijo Rodríguez en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 30 de abril en Palacio Nacional.
La titular de la SSPC expresó el hermano de “El Mencho”, es una pieza clave en la estructura del CJNG y un asunto de relevancia y de interés para el Estado mexicano, y por ello solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar la decisión del juez Rogelio León Díaz Villarreal, quien decretó no vincularlo a proceso, no mantenerlo en prisión y ordenó su inmediata liberación el domingo a las 04:30 horas.
“Ante ello el máximo tribunal respondió al gobierno de México, por escrito, justificando el actuar del juez”, dijo la secretaria de Seguridad.
Dijo que además se solicitó a autoridades estadounidenses información, procesos o denuncias pendientes en contra de Abraham Oseguera, con el fin de no ser omisos en la lucha binacional contra el tráfico de drogas y armas, quienes respondieron que no había procesos u órdenes pendientes en ese país, por lo que fue liberado.
Rosa Icela Rodríguez acusó que el juez Díaz Villarreal no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR), no las valoró adecuadamente y no dio tiempo a la representación social para conocer y desvirtuar las pruebas presentadas por la defensa.
“Dio validez plena a indicios de la defensa, videos editados y segmentados en los que se presume una manipulación”, criticó.
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