El REPUVE es el órgano que aprueba o rechaza la legal importación de vehículos americanos.
La Recaudación de Rentas del Estado ha instado a los residentes de Escobedo a obtener una autorización para regularizar vehículos "chocolate" a través del Registro Público de Vehículos (Repuve). Esta medida ha sido criticada por la organización no gubernamental Identifik-@-te, que la considera completamente irregular.
María Esther Sotelo Aguirre, coordinadora de la ONG, explicó que según el decreto gubernamental, es el Repuve quien debe aprobar o rechazar la legal importación de vehículos americanos, conforme a las normas emitidas por el poder Ejecutivo federal.
Sotelo Aguirre argumentó que la autorización para regularizar vehículos no debería ser competencia de Recaudación de Rentas. Explicó que el Registro Público Vehicular es el encargado de la regularización de vehículos, mientras que Recaudación de Rentas se encarga del emplacamiento de los automóviles. “Son responsabilidades distintas”, señaló.
Un miembro de Identifik-@-te que visitó el módulo de regularización en Escobedo, Coahuila, encontró un aviso que decía: “Por instrucción superior, para regularizar, debe acudir a Recaudación de su municipio para la autorización del trámite”, escrito a mano y pegado en la entrada del módulo de Repuve.
Sotelo Aguirre cuestionó si en otros módulos también se está exigiendo este permiso adicional y expresó su preocupación por esta medida que, según ella, debería ser consistente en todo el estado.
Los residentes de Escobedo y áreas cercanas deberán acudir a la oficina regional de Recaudación de Rentas en Monclova para llevar a cabo este trámite. Sotelo Aguirre planea reunirse con Pablo González, titular de la oficina recaudatoria estatal, para discutir esta disposición.
Criticó que, si el objetivo es evitar la entrada de vehículos irregulares a México, el enfoque debería estar en prevenir el ingreso de dichos vehículos a nivel federal, y no en sancionar al usuario final.
El decreto para la regularización de vehículos vence el 30 de septiembre. Sotelo Aguirre consideró que imponer estas medidas a tan solo dos semanas del cierre del plazo resulta incongruente e ilógico.
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