El crimen del menor Mateo en la localidad de Mocejón colocó en el foco la emisión de noticias falsas en internet.
Un juzgado decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte de Mateo, el niño de 11 años apuñalado mientras jugaba con sus amigos en la localidad de Mocejón (centro de España).
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la región de Castilla-La Mancha (TSJCLM), al joven de 20 años acusado del crimen se le imputa de forma provisional un presunto delito de asesinato.
En un comunicado, el tribunal informó que el juzgado solicitó a Instituciones Penitenciarias el traslado del investigado "a un centro, unidad o departamento adecuado a la situación de discapacidad del mismo" ya que, según confirmaron a EFE fuentes cercanas a la investigación, el joven padece un trastorno mental.
El juzgado levantó además el secreto de sumario que se había establecido sobre el procedimiento y la causa continuará instruyéndose en sede judicial.
Previamente a la toma de declaración, el juez instructor solicitó informe al médico forense, cuyo resultado determinó la necesidad de realizar el interrogatorio al investigado con adaptaciones a su "situación de discapacidad".
Por ello, una facilitadora asistió al joven durante toda su declaración ante el juez, a fin de ayudarle a entender y ser entendido.
Al margen de este informe forense inicial, el juez instructor también acordó pedir dictamen forense sobre la "imputabilidad del investigado", que deberá realizarse durante la instrucción del procedimiento judicial.
Entretanto, los especialistas de criminalística de la Guardia Civil siguen analizando el cuchillo con restos biológicos humanos hallado en las proximidades de la casa del padre del joven detenido, ante la posibilidad de que pudiera tratarse del arma del crimen.
El crimen de Mateo, cuyos restos fueron enterrados en la localidad de Mocejón en un multitudinario sepelio, colocó en el foco la emisión de bulos y falsas noticias en internet que, en este caso, se han dirigido a plantar dudas sobre la nacionalidad y raza del asesino del menor, señalando a inmigrantes y personas de grupos sociales estigmatizados.
En medio de un debate social y político sobre cómo controlar este tipo de mensajes, el fiscal de delitos de odio de España, Miguel Ángel Aguilar, propuso reformar el código penal para prohibir el acceso a las redes sociales a los condenados por cometer delitos de odio en espacios digitales, así como que todos los usuarios tengan que estar identificados.
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