Esta formación tiene como objetivo primordial prevenir el delito de tortura y garantizar un trato digno a todas las personas.
En este proceso también ha participado activamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con la intención de reforzar las garantías de los ciudadanos.
La corporación de la Policía Municipal de Castaños se ha convertido en el blanco de múltiples denuncias por detenciones ilegales y procedimientos cuestionables, lo que ha encendido las alarmas en la Región Centro de Coahuila.
Ante esta situación, las autoridades del estado decidieron intervenir de forma directa, buscando restablecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.
En un esfuerzo conjunto por frenar cualquier práctica abusiva, el Fiscal del estado, Dr. Gerardo Márquez Guevara, ordenó la impartición de una capacitación especializada dirigida a los elementos de la corporación.
Esta formación tiene como objetivo primordial prevenir el delito de tortura y garantizar un trato digno a todas las personas detenidas. La Fiscalía General del Estado ha hecho énfasis en la promoción de una cultura de respeto y transparencia dentro de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley, con el propósito de identificar y sancionar de manera oportuna cualquier tipo de abuso.
En este proceso también ha participado activamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con la intención de reforzar las garantías de que los derechos de los ciudadanos no serán vulnerados bajo ninguna circunstancia.
Durante la capacitación, se abordaron temas críticos sobre el manejo adecuado de detenidos, la importancia del debido proceso y el rechazo absoluto a cualquier forma de tortura o abuso de autoridad.
Al finalizar esta jornada, se entregaron reconocimientos a los oficiales que culminaron con éxito la capacitación, avalándolos como elementos comprometidos con los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, las máximas autoridades fueron claras en advertir que, de encontrarse pruebas de abuso de poder o de la comisión de procedimientos irregulares, se procederá con todo el rigor de la ley contra los responsables.
El mensaje es contundente: no habrá tolerancia para quienes transgredan los límites del deber y la ética policial. Esta intervención busca restaurar la confianza de la comunidad en su policía local y dejar claro que cualquier conducta que pueda derivar en actos de tortura será debidamente sancionada.
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