El alcalde Jonathan Avalos reconoció que la corporación tenía 40 agentes
La tesorera municipal de Francisco I. Madero, Alejandra Flores García, informó que planean cerrar la administración con un parque vehicular de 10 unidades para la dirección de Seguridad Pública, ya que están reparando las unidades que estaban en mal estado.
Mencionó que recientemente se incorporaron cuatro patrullas que fueron entregadas por el taller, y otras más que estaban descompuestas también están siendo reparadas.
Para financiar la rehabilitación del parque vehicular de Seguridad Pública y Servicios Públicos, se suspendió el pago de laudos laborales, lo que representaba un gasto de 1 millón 300 mil pesos. Estas demandas fueron iniciadas por trabajadores despedidos durante el primer periodo de la administración del alcalde Jonathan Avalos Rodríguez.
“Tuvimos que destinar el dinero que se utilizaba para pagar laudos laborales a la reparación de patrullas, invirtiendo en llantas y transmisiones porque estaban muy dañadas”, declaró.
Además, se asignaron 300 mil pesos de ese recurso para el pago de los exámenes de control y confianza, ya que están en proceso de contratar nuevos elementos. También se contempló la compra de uniformes y se otorgó un bono especial de 18 mil pesos, aprobado en la sesión de Cabildo del martes.
“En lo que va del mes, se han reparado cuatro patrullas que estaban sin uso porque no había recursos debido a los pagos de laudos laborales. Estábamos destinando 1 millón 300 mil pesos al mes y teníamos la presión de la ciudadanía porque la seguridad es un compromiso con ellos”.
Flores García aseguró que todas las compras y reparaciones se han pagado de contado y confía en que al final de la administración contarán con las 10 unidades, además de motocicletas, cubriendo así la vigilancia del municipio.
Cabe recordar que, tras dos paros laborales, los Policías Municipales denunciaron las malas condiciones en las que trabajaban. La corporación contaba solo con 30 agentes y tres patrullas, de las cuales dos eran extranjeras. También señalaron la falta de uniformes, equipamiento y bajos sueldos. Finalmente, aproximadamente la mitad de los elementos fue despedida, acusados de “revoltosos” y actos de corrupción.
El alcalde Jonathan Avalos reconoció que la corporación funcionaba con 40 agentes y que las nuevas contrataciones se estaban realizando sin aplicar los exámenes de control y confianza ni recibir la capacitación adecuada.
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