La solicitud fue presentada en el Congreso del Estado por el presidente del partido, Alfonso Danao de la Peña.
El partido Movimiento Ciudadano inició la promoción de juicios políticos para dos alcaldesas en funciones, Tania Flores Guerra de Múzquiz y Laura María Galindo Dovalina de Zaragoza, por incumplimiento de reposición de funciones públicas a regidores.
La solicitud fue presentada en el Congreso del Estado por el presidente del partido, Alfonso Danao de la Peña, quién explicó que en un principio se trataba de tres alcaldías, Zaragoza, Múzquiz e Hidalgo, en las que regidores en funciones solicitaron licencia para participar en el proceso electoral del 2 de junio como candidaturas.
Pasada la elección y como no resultaron electas, hicieron solicitud en sus respectivos cabildos para la reintegración a sus funciones, pero ha pasado un mes en los que ni las alcaldías ni las secretarías de ayuntamiento les han resuelto su petición, además de no estarles pagando su salario.
Luego de especificar que los regidores son militantes de Movimiento Ciudadano, Alfonso Danao de la Peña comentó que el caso de Múzquiz se presentó denuncia ante el Tribunal Electoral y está por resolverse.
En Zaragoza, Carlos Santana Guerrero, quien participó como candidato a alcalde, cumplió más de un mes de estar intentando regresar a sus funciones como regidor, pero la alcaldesa, Laura María Galindo, hace caso omiso.
En Múzquiz, Antonio González Escamilla, esposo de la excandidata de MC Mónica Escalera, dejó de percibir sus quincenas de sueldo, ello sin siquiera pedir licencia para separarse del cargo edilicio, por lo que se le deben dos quincenas.
En cuanto al ayuntamiento de Hidalgo, el alcalde se desistió y este martes en sesión de cabildo rectificó en sus funciones a la persona regidora, por lo que Movimiento Ciudadano no interpuso la denuncia de juicio político en su contra.
De acuerdo con el Código Municipal, una vez que un regidor con licencia solicite regresar a sus funciones en cabildo, se le dará su reposición en un plazo no mayor a 10 días. Este plazo está diseñado para asegurar que la operatividad del gobierno municipal no se vea afectada por la ausencia prolongada de uno de sus miembros, garantizando así una transición rápida y eficiente. No obstante, en la práctica, se ha observado que en ambos casos, tanto en alcaldías como en secretarías de los ayuntamientos, se ha acumulado un mes de omisiones, lo que indica un incumplimiento significativo de este mandato legal.
Estas omisiones pueden deberse a una serie de factores, como la burocracia interna, la falta de coordinación entre las diferentes dependencias municipales, o incluso a posibles conflictos políticos que retrasan la reinstalación de los regidores en sus puestos.
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