Pretende privilegiar el interés de la “facción en el poder”, por encima de las posibles afectaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, dijo el ministro de la Corte.
La reforma a Ley de Amparo que promueve la bancada de Morena en el Senado pretende privilegiar el interés de la “facción en el poder”, por encima de las posibles afectaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, consideró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Durante un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ministro afirmó que en este clima de incertidumbre, dos iniciativas profundas en la materia se encuentran en el ojo del huracán: la reforma a la Ley de Amparo y la enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados para que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular.
González Alcántara Carrancá señaló que con la reforma a la Ley de Amparo se busca acotar las facultades de los jueces de amparo para otorgar la suspensión con efectos generales, bajo el argumento de que los proyectos de infraestructura tienen la suficiente relevancia como para hacer a un lado los intereses de la misma población.
“Se busca acotar las facultades de las juezas y los jueces de amparo para otorgar la suspensión con efectos generales, se pretende privilegiar el interés general, léase el de la facción en el poder, por encima de las posibles afectaciones de los derechos humanos de los ciudadanos bajo el argumento de que los proyectos de infraestructura tienen la suficiente relevancia como para hacer a un lado los intereses de la misma población”, advirtió.
Respecto a la propuesta de López Obrador, González Alcántara afirmó que constituye un rechazo implícito a los últimos 30 años de desarrollo y consolidación del Poder Judicial de la Federación de México.
“En lugar de privilegiar el mérito, en lugar de privilegiar la especialización, en lugar de privilegiar la neutralidad, a través de procedimientos rigurosos y minuciosos, en donde se puede enfatizar su capacidad profesional y sus actitudes, se nos propone una suerte de concurso de popularidad, en donde se privilegia las promesas grandiosas por encima de las bases doctrinales sólidas, a los discursos simplistas y maniqueos por encima de las reflexión mesurada y ecuánime”, indicó.
“Se nos dice que la elección popular no implica la adscripción partidista pero no queda claro cómo puede extraerse la elección de la marea retórica que envuelve a esta última. Se nos pide, en fin, abandonar el progreso de décadas, por la incertidumbre de un experimento, cuyos resultados en otras latitudes no ha sido, desde mi particular punto de vista, afortunado”, sentenció.
Ante ello, el ministro refirió que se está en una encrucijada, ya que se les pide elegir entre dos caminos: “La continuidad, la consolidación y el perfeccionamiento de nuestras instituciones o su demolición completa, su reemplazo, por una nueva realidad de la cual no tenemos más que un bosquejo, borroso e inexacto”.
Por ello, hizo un llamado a reflexionar antes de elegir, pues, dijo, “no somos nosotros los jueves actuales, sino también las generaciones que habrán de sucedernos quienes vivan las consecuencias de nuestra decisión y del posible error que se cometa”.
