“Los agentes del INM y los guardias de seguridad privada decidieron no abrir la celda ni intentar salvar a los migrantes que ahí se encontraban", indica.
Al cumplirse el pasado 27 de marzo un año del incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez que dejó 40 fallecidos y 27 personas migrantes heridas, organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe en el que señalaron malas prácticas de las autoridades migratorias.
La Fundación para la Justicia (FJEDD), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Asylum Access México y la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas “Alaíde Foppa” presentaron el informe "No nos dejen morir aquí”. Incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.
Uno de los puntos que señalan es que en México, la política migratoria implementada por el Estado mexicano obedece a una lógica de contención y no de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes que solicitan asilo y refugio Señala que las personas migrantes "son tratadas como criminales en su tránsito por México".
Señalaron que las autoridades realizan detenciones arbitrarias y se registraron casos de personas migrantes privadas de la libertad, a pesar de que contaban con documentación que acreditaba su estancia en territorio mexicano.
En estas detenciones arbitrarias, apuntaron, participaron autoridades del municipio, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Dirección de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y del ámbito federal como la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
El documento refiere que algunos migrantes permanecieron en la estancia provisional por más de tres días, violando así el tiempo límite de 36 horas para que una persona permanezca detenida por cometer una falta administrativa, además que no contaban con agua y comida.
“Este espacio, lejos de asegurar la dignidad de los migrantes detenidos, se convirtió en un entorno torturante: la iluminación artificial permanente dificultaba el descanso, el espacio físico resultaba insuficiente para la cantidad de personas recluidas, y tanto los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), como los guardias de seguridad privada ejercían violencia física y verbal contra los individuos privados de libertad”, señalaron.
Un dato crucial es que el protocolo de actuación, creado por el INM para responder a incendios en la Estancia provisional tipo B de Juárez, no contemplaba rescatar a las personas migrantes privadas de libertad en ella.
“Los agentes del INM y los guardias de seguridad privada decidieron no abrir la celda ni intentar salvar a los migrantes que ahí se encontraban. Los guardias sentenciaron a la tragedia a las personas al responder a sus súplicas de ayuda diciéndoles “¡Suerte, güeyes!”, refiere el informe.
Un dato alarmante es que las autoridades mexicanas declararon muertas a las personas que se encontraban con vida: “Al sacar los cuerpos al estacionamiento de la Estancia, los servicios de rescate colocaron en una bolsa para fallecidos a un migrante que se encontraba con vida”.
Autoridades del gobierno federal declararon como fallecidas, en sus listas oficiales, a personas que se encontraban con vida y siendo atendidas en hospitales.
El INM es una de las instituciones mexicanas con más señalamientos por violaciones a los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil documentaron otros 14 incendios en estaciones migratorias, ocurridos en la administración del comisionado de Migración, Francisco Garduño.
La investigación de los hechos penales, se indica, se ha caracterizado por dificultar el involucrar a las víctimas y la defensa de sus derechos. La Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial, añade, han presentado obstáculos para que las víctimas puedan ejercer sus derechos en los procesos penales.
